En la mañana de este lunes 15 de junio, un vecino de Arrecife ha presentado una denuncia en la Subdelegación del Gobierno por "el procedimiento irregular" del Ayuntamiento de Arrecife "al nombrar a un funcionario público, para que ejerza las funciones de Interventor Accidental", puesto que está "destinado a funcionarios de Habilitación Nacional"

La Audiencia provincial de Las Palmas ha impuesto una condena de 5 años y 3 meses de prisión al Interventor del Ayuntamiento de Arrecife, Carlos Sáenz; al ex-Jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha; y al propietario de la empresa PROSELAN, José Daniel Hernández; por una de las piezas del Caso "Unión". En cuanto al cuarto imputado, José Miguel Rodríguez, ha visto rebajada su condena a 1 año y 4 meses de cárcel.

El Informe elaborado por el Interventor del Ayuntamiento de Tías, ha confirmado las denuncias de la (hoy) ex-Interventora del Consorcio del Agua, Rosalinda Bonilla Reyes, en referencia a "la inviabilidad" del Plan de Saneamiento de la condenada a muerte empresa "pública" INALSA. Ambos informes, "desmentidos" por un tercero "externo" solicitado por el propio Consorcio del Agua, serán presentados ante el Juzgado de lo Mercantil de Las Palmas, que tendrá la última palabra. Lo que sí queda claro (como ya advirtiera en su día la Mesa Social del Agua) es que en caso de que el Plan no fuera "viable", los responsables de la deuda serían "los Administradores de INALSA en los últimos años", y NUNCA las instituciones.