La formación exige que se depuren las responsabilidades sobre los lamentables hechos que considera agravados por las actuales circunstancias sanitarias y el nivel 4 de alerta.

Podemos condena la participación de un juez en una fiesta ilegal y el positivo por alcoholemia y posterior accidente del Alcalde de Tinajo

Yurena Corujo

En medio de una pandemia de consecuencias catastróficas tanto para la salud de la ciudadanía como para la economía de la isla, con un nivel de alerta IV en Lanzarote -el más alto de todo el archipiélago- con las restricciones ello implica en cuanto a reuniones en espacios privados, donde sólo se pueden reunir convivientes, y en negocios como la hostelería, con tan sólo 2 personas por mesa, Lanzarote no puede tolerar que noticias de este tipo no tengan consecuencias para sus protagonistas.

Si además se añade la preocupación que nos dejan los datos, los elevados índices de mortandad de esta última ola en las que fallecen personas todos los días, con 324 casos activos, 37 personas hospitalizadas, de las cuales 12 están en UMI. Ante este preocupante panorama, resulta cuanto menos escandaloso el comportamiento tan poco ejemplar de estos dos ciudadanos que por su responsabilidad y la dimensión pública de su profesión, deberían de ser modelos de referencia para la ciudadanía. Vergonzoso que las autoridades que deben hacer cumplir las normas sean los primeros en saltárselas.

Una fiesta ilegal en el sur con un juez como protagonista

Asistimos atónitos al espectáculo de que agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local del municipio lanzaroteño de Yaiza hayan tenido que desalojar el pasado jueves, 18 de febrero, a los participantes en una fiesta en una villa por incumplir las restricciones impuestas en el nivel IV de la pandemia por COVID-19. Nuestra sorpresa fue aún mayor al descubrir que entre las personas que fueron identificadas como infractoras, se encontraba el magistrado Ricardo Fiestras, titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife, el cual, además, recriminó a las fuerzas actuantes lo que consideraba una actuación “desproporcionada”, exigiendo a los agentes se identificaran ante él, uno a uno.

Tuvieron que personarse en esa villa hasta trece agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, ya que ambos cuerpos recibieron a la vez las denuncias de los vecinos, que no solo escuchaban lo que allí ocurría sino que incluso podían ver lo que pasaba en el interior porque alguno de los participantes estaba retransmitiendo la fiesta por Instagram. Estos hechos deleznables e ilegales, no solo escandalizan, sino que acentúan la indignación de los ciudadanos y ciudadanas, ante una vulneración fragante de las normas impuestas para contener la propagación de la COVID19, generando desconfianza y sensación de impunidad de personas en cuyas manos está hacer cumplir la ley.

Admiten que se juntaron nueve personas, cuando la normativa actual en Lanzarote solo permite encuentros de un máximo de dos personas si no son convivientes. Además, una de las personas que acompañaba al juez Ricardo Fiestras, es una persona muy conocida en la isla, no

precisamente por ser ejemplo en cumplir con las leyes, se trata de Fernando Becerra, condenado a un año de cárcel y 100.000 euros de multa por diversos delitos. tras haber reconocido que intentó sobornar con 600.000 euros a un político para que permitiera una urbanización de más de 1.000 viviendas y 200 locales comerciales en el municipio turístico de Yaiza, lo cual nos hace preguntarnos por las amistades peligrosas que frecuentan nuestros magistrados, que no olvidemos son los encargados de investigar los presuntos delitos que tanto los ciudadanos y ciudadanas como Fiscalía denuncian.

Desde PODEMOS Lanzarote condenamos estos lamentables hechos, exigiendo que se llegue hasta el final, depurando las responsabilidades en vía administrativa de todos los participantes, incluido el magistrado, y se impongan sanciones en otros ámbitos, si existieran comportamientos obstructivos de la labor de la Guardia Civil, se hubiera hecho abuso de su cargo como Juez, o hubiera tenido una actitud inadecuada con los agentes.

Positivo en alcoholemia y accidente de tráfico de Suso Machín

La sociedad asiste indignada al espectáculo de ver que el alcalde de Tinajo, Jesús Machín, ha sido condenado tras protagonizar un accidente y dar positivo en el test de alcoholemia. Los hechos ocurrieron el pasado martes 16 de febrero.

Unos días más tarde remitió un breve comunicado en el que pide “disculpas” por lo ocurrido. “Me siento profundamente apenado por un error de juicio que asumo con todas las consecuencias administrativas que conlleva, así como personales y familiares”, afirma el alcalde de Coalición Canaria.

A pesar de estas peregrinas disculpas, que nos recuerdan tristemente a las ofrecidas por el rey emérito, y las explicaciones dadas a los medios según las cuales el positivos era debido a la ingesta de un medicamento, se celebró un juicio rápido, y Machín decidió aceptar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, reconociendo el delito conocido, por lo que no cabe ahora tratar de eludir las consecuencias de esos hechos.

Si bien puso el cargo a disposición del Comité Local de Coalición Canaria en dicho municipio, desde PODEMOS Lanzarote exigimos la inmediata dimisión de Jesús Machín Duque como Alcalde – Presidente de Tinajo, habiendo demostrado con su comportamiento que no es un digno representante de este municipio, ni está capacitado para llevar las riendas del mismo.

No es lógico pedir a la gente un esfuerzo, renunciando a algo tan nuestro como son los carnavales para tratar de bajar la curva de contagios, y que este señor celebre su particular martes de carnaval y acabe estrellando su coche bajo los efectos de la ingesta de bebidas alcohólicas, en tal cantidad que ese comportamiento es merecedor de una sanción recogida en el Código Penal.

Desde PODEMOS Lanzarote hacemos una llamada a la responsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas, y sobre todo de aquellos servidores públicos que por su cargo deben tener un cumplimiento escrupuloso del ordenamiento jurídico, y de normas establecidas para la contención de la pandemia a las que todas y todos, sin excepción, estamos obligados.