la verdad de lanzarote

Ecologistas en Acción ha alegado al borrador de actualización de la ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias, dado que contiene numerosas modificaciones que provocan un retroceso en las garantías jurídicas, ambientales y participativas.

Armando Santana se ha incorporado oficialmente al Gobierno del Cabildo Insular de Lanzarote y La Graciosa, asumiendo la Vicepresidencia Tercera , entrada en el Consejo de Gobierno y la dirección de varias áreas clave para el presente y futuro de la isla: Participación Ciudadana, Gobierno Abierto y Transparencia; Comercio, Hostelería, Consumo ; así como Bienestar Animal.

La manifestación en Lanzarote comenzará a las 11:00 en el Quiosco de la Música del parque José Ramírez Cerdá y finalizará en el Cabildo. La sociedad civil exige cambios en el modelo económico y turístico de la isla para garantizar los servicios básicos y el respeto al medio natural

El Secretario del ayuntamiento de Arrecife ha reconocido en el pleno que "SE COMETIÓ UN ERROR" a la hora de proceder a la clausura (y posterior demolición) de la machacadora que la empresa HORMICONSA mantiene ilegalmente abierta desde hace 20 años en la zona de Maneje. Al parecer, los servicios municipales "confundieron" inexplicablemente (por segunda vez en diez años) la parcela 351 con la 536, permitiendo con ello que la constructora continuara con sus ilícitas actividades. Dicha circunstancia confirma las numerosas denuncias presentadas por el colectivo ADEY GALGUEN, tanto ante el ayuntamiento como en los tribunales de Justicia; de hecho, fueron las reclamaciones presentas por el citado colectivo (con abundante documentación) ante el DEPRONA, las que llevaron al consistorio municipal a reconocer su "error".

El pleno del ayuntamiento de Arrecife ha aprobado (por mayoría) "la clausura de la planta de tratamiento de residuos" que la empresa HORMICONSA CANARIAS SA tiene en funcionamiento en las inmediaciones del Cementerio de San Román. Asimismo han condenado a la empresa a una sanción de 15.001 euros por una INFRACCIÓN MUY GRAVE al "ejercer la actividad sin el preceptivo título habilitante". Todo ello se suma a la denuncia presentada por ADEY GALGUEN en la Fiscalía el pasado 15 de abril, por los presuntos delitos de "Desobediencia a la Autoridad Judicial (o similares), prevaricación y contra la Ordenación del Territorio".

La desesperación ha marcado las últimas semanas de una madre y su hija magrebíes en Arrecife, tras haber sido dadas de baja ilegalmente del padrón municipal por el Ayuntamiento, dejándolas sin acceso a sanidad, educación ni ayudas básicas. Ahora, gracias a la intervención judicial, han sido readmitidas en el padrón, pero la batalla no ha terminado: exigen justicia y denuncian un grave abuso administrativo.

FOTOS: PEDRO SEGURA. Tres años y medio después de que una "amiga", con muy malas artes se apoderase ilícitamente de la vivienda de la que es titular, y tras dos suspensiones in extremis del desalojo ordenado por los tribunales de justicia, Dolores María Campos ha retornado a su hogar en el barrio arrecifeño de Los Alonso. Sin embargo ha sido una "victoria" agridulce, pues la okupa ha "vaciado" literalmente la casa: muebles, puertas, lámparas, grifos, efectos personales, joyas, electrodomésticos... Motivo por el cual ya se han iniciado las pertinentes diligencias penales.

Ha sido presentada una denuncia en el Juzgado, Fiscalía y la concejalía de Asuntos Sociales, solicitando que se investigue la presunta (siempre presunta) concesión de certificados de vulnerabilidad, a personas que “no tienen vulnerabilidad alguna”. Al mismo tiempo ha sido presentada una reclamación en la concejalía de Estadística, porque supuestamente “una funcionaria capitalina ha estado empadronando a personas en viviendas que ya están habitadas por sus legítimos propietarios”.

Fuentes de toda solvencia han asegurado que miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil) habrían iniciado una investigación "en determinados departamentos" del Ayuntamiento de Arrecife, en relación con "el no cumplimiento" de una sentencia del Juzgado de lo Penal nº 3 de Las Palmas, referente al derribo de "tres naves, una machacadora y una planta de fabricación de hormigón" de la comercial HORMICONSA.  Dichas actuaciones se derivan de las denuncias presentadas por el Colectivo ADEY GALGUEN, tanto en Fiscalía como en los Tribunales de Justicia.

Una vecina de Arrecife ha presentado una Queja en la Secretaría de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, contra el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Arrecife, por una presunta "vulneración del artículo 118 de la Constitución "Española", así como por una "violación del articulo 24.1" de la citada Carta Magna. Recalcando que UN AÑO DESPUÉS de que el citado juzgado decretase en SENTENCIA FIRME la devolución de su hogar (ocupado ilegalmente por otra persona), todavía NO SE HA EJECUTADO LA SENTENCIA. Peor aún, durante estos 12 meses de agónica espera, ha presentado varios Impulsos Procesales en sede judicial (incluso un escrito personal al propio juez Adalberto Correa), Y EL JUZGADO NO SE HA DIGNADO RESPONDER A NINGUNO.

En los últimos días se han registrado varias denuncias en la Unidad de Atención Ciudadana (UAC) del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el “caótico funcionamiento” del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Arrecife. Mayormente por “la inexplicable tardanza” en ejecutar “un gran número” de sentencia firmes, algunas de las cuales con MÁS DE UN AÑO DE ESPERA.

Según fuentes de toda solvencia, el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Arrecife se encuentra envuelto en “el caos más profundo, con expedientes y sentencias firmes sin ejecutar” desde hace más de un año, y “montañas de papeles pendientes de la necesaria firma del Juez” atestando las mesas de los funcionarios y del propio secretario de la Administración de Justicia

La señora María Soledad G.A., muy conocida a nivel mediático tras haber OCUPADO ILEGALMENTE LA VIVIENDA  de la que es legítima titular Dolores María Campos Hernández (tal y como acreditan el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Arrecife en su sentencia 134/2022; y la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Las Palmas, en la SENTENCIA FIRME 552/2023), ha vuelto a sufrir un nuevo tropiezo en los tribunales de justicia. Y es que en esta ocasión, mientras espera el desalojo de la casa en la que se halla de 'okupa', ha optado por denunciar a la propietaria (a nivel jurídico, mientras la justicia no dictamine lo contrario), acusándola de unas presuntas "amenazas"; haciendo extensiva su demanda incluso al secretario de la Comunidad de Vecinos, por una supuesta "coacción". Sin embargo, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Arrecife en su sentencia 193/2024 ha desestimado sus denuncias, alegando la total "falta de pruebas".

Dolores María Campos Hernández es una veterana trabajadora del Servicio Canario de Salud, que desde hace 33 años es propietaria de una vivienda de Protección Oficial en la zona residencial de Los Alonso, más concretamente en la calle Palencia. Y que hace “unos 3 años” decidió alojar a una amiga “temporalmente”, la cual con el tiempo (según denuncia) se había quedado con la casa, dejándola a ella en la calle… Los tribunales de justicia le han dado la razón a la denunciante hasta en dos ocasiones, pero justo en el momento en que se iba a proceder al desahucio de la demandada, el Instituto Canario de Vivienda ha pedido que se paralice el desalojo hasta que la presunta okupa “encuentre una casa en la que alojarse”.