La empresa Tecnosound denunció al Ayuntamiento de Arrecife por el impago de facturas y el consistorio acusa al Cabildo de ser el responsable de esos gastos.

Podemos pide a los servicios jurídicos del Cabildo aclarar quién debe pagar las facturas pendientes de San Ginés

Yurena Corujo

 

El grupo LEP - Sí Podemos en el Cabildo de Lanzarote ha solicitado formalmente la redacción de un informe por parte de los servicios jurídicos del consistorio insular que aclare la polémica generada con el pago de algunas facturas de las fiestas de San Ginés.

Como es sabido, el Ayuntamiento capitalino y el Cabildo firmaron un convenio por el que el la primera institución insular se hacía cargo del pago de los principales eventos de las fiestas patronales de Arrecife del pasado año por un importe de 375.000€.

Como ya denunció el grupo en el pleno extraordinario convocado por la oposición para esclarecer la polémica organización y el alto coste de las fiestas, dicho convenio no aclaraba qué institución era la responsable de hacer frente a los gastos de iluminación y sonido que el ayuntamiento de Arrecife estaba contratando.

“Ya avisamos de esto y en el pleno fuimos muy claras. Se estaban contratando servicios que no se recogían en el convenio y ahora llegan las consecuencias”, declara Myriam Barros haciendo referencia a la denuncia interpuesta por Tecnosound ante el impago de dichas facturas y la investigación de la fiscalía provincial.

Ninguna de las instituciones implicadas en dicho convenio quiere ahora abonar dichas facturas porque entienden que no son responsables de las mismas. Y es que ante las preguntas de la fiscalía, según la información ofrecida por Cadena Ser Lanzarote, la respuesta del ayuntamiento de Arrecife podría haber sido que “la información solicitada obra en poder del Cabildo de Lanzarote y no del Ayuntamiento de Arrecife”.

“Al Cabildo le toca ahora aclarar quién tiene que pagar esos 344.000€ que reclama Tecnosound y depurar responsabilidades, porque ese convenio era una chapuza y va a costar muy caro a la ciudadanía”, concluía la consejera morada, Myriam Barros, que durante la mañana de ayer procedió a registrar la instancia a los servicios jurídicos de la primera institución insular.