La suspensión de las prospecciones en Málaga, "un nuevo castigo a Canarias"

Peligro de derrame de petroleo en las islas orientales
 

El Gobierno de España ha anunciado la suspensión de las prospecciones en el litoral mediterráneo de Málaga tras las peticiones formuladas por el presidente del Partido Popular en esa Diputación Provincial, Elías Bendodo, al ministro de Industria, José Manuel Soria. Según la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el proyecto "Campaña sísmica Chinook" en las costas de Málaga y Granada, no cumple los requisitos en materia ambiental. Paralelamente, el Ministerio ha autorizado a Repsol operaciones petrolíferas en aguas de Tarragona que incluyen condicionantes ambientales no exigidos para las prospecciones en Canarias y que atentan contra los principios más básicos de responsabilidad ambiental por parte del Estado. En Tarragona se exige una distancia mínima de 20 kilómetros del Lugar de Interés Comunitario (LIC) del Delta del Ebro y, sin embargo, en Canarias y en el  espacio oceánico de mayor densidad de cetáceos de Europa, el Ministerio autoriza perforaciones a solo 10 km del LIC marino situado junto a Lanzarote y Fuerteventura.

Para el Cabildo de Lanzarote, esta decisión del Gobierno del Partido Popular constituye el último e inaceptable episodio de castigo al que el Gobierno de Rajoy somete a la población canaria y a sus instituciones. El comunicado del Ministerio de Medio Ambiente afirma que “en todos los procedimientos de evaluación ambiental como los que ahora han finalizado, se garantiza la máxima protección ambiental mediante la aplicación de estrictos criterios técnicos". Obviamente, la defensa a ultranza de los intereses de Repsol por parte del ministro Soria, de la ministra Tejerina, y también hasta hace unos meses del ex ministro Arias Cañete en el caso de las prospecciones en Canarias, ha cruzado la línea roja y debe ser objeto de denuncia en todos los foros jurídicos y administrativos posibles.

 

En segundo lugar, llama poderosamente la atención que el Ministerio de Medio Ambiente haya exigido a Repsol en sus operaciones offshore en Tarragona que debe respetar una separación mínima de 20 kilómetros del lugar de importancia comunitaria (LIC) del Delta del Ebro, cuando en el caso del LIC de Lanzarote y Fuerteventura se han autorizado las perforaciones a tan solo 11 kilómetros. Este caso vuelve a poner de relieve la doble vara de medir de los gobernantes del Partido Popular para con la población canaria.

 

El LIC del Delta del Ebro es una figura de conservación que abarca una zona marítima pero también una parte terrestre, y el Ministerio ha considerado que para preservar los valores naturales estrictamente marinos las prospecciones no deben efectuarse a menos de 20 kilómetros. Sin embargo, en el caso de Canarias, el LIC denominado  “ESZZ15002 Espacio Marino del Oriente y Sur de Lanzarote y Fuerteventura” es reconocida como una de las áreas más importantes del mundo para cetáceos y una de las 10 zonas marinas más importantes de España, y el Ministerio no ha dudado en reducir la superficie de protección propuesta inicialmente a fin de dar encaje a las tres perforaciones que Repsol pretende efectuar en las próximas semanas, y que distan solo 11 kilómetros del LIC canario.

 

El Cabildo de Lanzarote exige al Gobierno del Estado que cese de inmediato sus sistemáticos ataques a Canarias en este conflicto porque, entre numerosas razones técnicas, científicas, medioambientales, democráticas, empresariales, sociales y económicas, el grado de crispación social empieza a resultar muy preocupante en las islas. Si Medio Ambiente exigiera a Repsol la misma distancia en Canarias entre sus catas y el LIC, que la que exige a la misma petrolera en Tarragona con el LIC del Delta del Ebro, la multinacional no podría acometer las perforaciones porque estaría fuera de la zona de prospección que tiene otorgada tras el Real decreto 547/2912 de 16 de marzo.

 

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha exigido esta mañana sin paliativos que “el Estado español, independientemente de los parámetros y criterios que acaba de aplicar en Málaga y en Tarragona, o los que adopte en el futuro en Valencia o Baleares, debe suspender de inmediato las perforaciones frente a las islas Canarias por absoluta incompatibilidad medioambiental, turística, económica, social”.