Ambos entes deberán entregar la documentación completa de los contratos de patrocinio adjudicados a Wedding Plans, S.L., empresa que ha sido adjudicataria en varias ocasiones de eventos como la feria "Navilan", y a través de procedimientos negociados sin publicidad.
- 10 día de plazo
El pasado 14 de enero, el fiscal Fernando Rodríguez Navarro exigió al Ayuntamiento que aportara, en un plazo máximo de diez días, toda la información relacionada con la II y III Feria de Navidad “Navilan”.
El requerimiento incluye la certificación oficial de la naturaleza jurídica del solar municipal donde se instalaron ambas ediciones, así como los permisos, autorizaciones, contratos de uso y el eventual pago de tasas por ocupación del suelo.
La Fiscalía también solicitó las licencias de Actividades Clasificadas, las actas de la Mesa de Valoración encargada de seleccionar el evento a patrocinar y la confirmación de que Wedding Plans fue la única empresa que se presentó.
Además, reclama el expediente íntegro del proceso y un informe detallado sobre los reparos formulados por la Intervención municipal en la edición 2025/2026, con especial atención a quién los levantó y por qué.
- La UDEF investigará a Wedding Plans
En el caso de la SPEL y los Centros Turísticos, deberán remitir los expedientes completos de patrocinio concedidos a la misma empresa, incluidos los relativos a las ferias "Navilan". El objetivo de Fiscalía no es otro que el de "reconstruir la secuencia temporal de adjudicaciones realizadas por distintas entidades públicas y determinar si existió algún patrón de actuación".
La Fiscalía ordena también a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que examine "el papel real de Wedding Plans en la organización de los eventos, la correspondencia entre lo facturado y lo ejecutado, la adecuación de los precios al mercado y la posible existencia de relaciones personales, profesionales o económicas entre responsables públicos y la mercantil. Además, deberá analizar los flujos económicos derivados de los contratos y valorar el eventual perjuicio para los fondos públicos".
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y la Audiencia de Cuentas de Canarias, deberán por su parte, emitir informes independientes sobre la legalidad y coherencia económico‑presupuestaria de los expedientes. Ambos organismos fiscalizadores tendrán que examinar la secuencia administrativa, la utilización de mecanismos de regularización posterior y la existencia de prácticas sistemáticas que pudieran contravenir la normativa de contratación y control interno.