El Tribunal Supremo, en Sentencia Firme, ha dictaminado que "el reparto de licencias de televisión digital terrestre (TDT)", realizado por la empresa externa Doxa Consulting a instancias del Gobierno canario, "FUE ILEGAL", ordenando que se evalúen "DE NUEVO los proyectos presentados al concurso público en 2007". Esta sentencia significa que las 2 televisiones que fueron obligadas a cerrar (Archipiélago Televisión y Televolcán) "bajo amenaza de multa de 1 millón de euros", podrían no sólo volver a optar al concurso; sino también a solicitar "UNA FUERTE INDEMNIZACIÓN AL EJECUTIVO AUTÓNOMO", como organismo responsable de su clausura.