El Espacio Schengen fue diseñado para organizar la movilidad dentro de Europa y coordinar el control de las fronteras exteriores. Sobre el papel, el sistema parece razonable. En la práctica, en territorios como el nuestro no funciona. Simplifica procedimientos internos, pero no actúa sobre las causas que empujan a miles de personas a abandonar sus países. La pobreza, la inseguridad, la falta de oportunidades y las crisis políticas siguen intactas. Mientras esas causas persistan, los flujos continuarán. El problema no se detiene en una frontera administrativa.

FRONTEX responde a esa misma lógica. Coordina, vigila y apoya el salvamento. Resulta útil en lo operativo. Pero no ofrece una solución para Canarias porque su mandato se limita a gestionar la llegada, no a transformar el contexto que la provoca ni a afrontar el impacto acumulado sobre un territorio frágil y limitado como el nuestro. Se administra la situación. No se corrige.

La realidad es que Canarias no recibe un único flujo migratorio. El Archipiélago soporta de forma simultánea traslados y decisiones administrativas del Estado español, movimientos derivados de políticas europeas, entradas desde países extracomunitarios y rutas directas desde el continente africano. Cada vía tiene su propia lógica. Todas confluyen aquí. El resultado es un territorio con servicios públicos permanentemente tensionados, una capacidad de acogida al límite y administraciones obligadas a trabajar en modo emergencia de forma estructural.

Ninguna sociedad, por solidaria que sea, puede absorber indefinidamente esta suma de presiones. La Unión Europea aporta fondos. Es lo mínimo. Pero esas compensaciones económicas no resuelven el problema. Son parches. Recursos puntuales que sirven para contener coyunturas, no para corregir un desequilibrio estructural. No compensan el impacto social, territorial, demográfico ni administrativo que soporta Canarias.

Lo que sí hacen esas compensaciones es trasladar al Archipiélago una responsabilidad crítica que Canarias no ha solicitado, no ha pedido, no ha aceptado, no ha negociado y no quiere asumir en estos términos. Se nos impone sin consulta previa a la sociedad canaria, sin debate democrático y sin capacidad real de decisión sobre sus consecuencias. El dinero llega, pero la carga permanece. Y la presión se acumula.

Existe además un efecto que no debe ignorarse. Cuando una sociedad vive sometida a tensiones prolongadas sin soluciones reales, aparecen el desgaste, la crispación y discursos que antes no existían. No porque la gente cambie de valores, sino porque cualquier comunidad tiene límites. La responsabilidad política consiste en evitar ese escenario, no en negarlo.

Canarias no quiere ser cárcel, ni centro de retención permanente, ni la “Lampedusa del Atlántico”. No quiere ser una frontera impuesta sin capacidad de decidir. No aceptamos que nuestro papel sea contener lo que otros no están dispuestos a gestionar.

Por ello, Liberación Canaria plantea una posición clara y estructural.

Canarias debe disponer de competencias propias en políticas migratorias, control demográfico, extranjería y relaciones exteriores en su ámbito atlántico.

Defendemos la necesidad de negociar la salida de Canarias del Espacio Schengen y articular un nuevo acuerdo de asociación especial con la Unión Europea que permita dejar de ser frontera exterior obligada y puerta de entrada automática al espacio europeo.

Este planteamiento no supone un repliegue ni un rechazo a la cooperación. Supone asumir que el actual modelo no protege ni surve para a Canarias, no compensa el esfuerzo realizado y no funciona para un territorio archipelágico con límites físicos, sociales y territoriales evidentes.

Permanecer en Schengen en las condiciones actuales nos condena a una responsabilidad desproporcionada sin capacidad de decisión real.

La alternativa existe, ello exige políticas efectivas en los países de origen, un reparto obligatorio y transparente de responsabilidades entre los Estados miembros, recursos estables y suficientes y, sobre todo, participación directa de Canarias en la toma de decisiones que afectan a su territorio.

El Archipiélago debe ser actor principal en su área atlántica, no espectador obligado.

Canarias ha demostrado compromiso humanitario, capacidad de gestión y respeto a la legalidad. Lo seguirá demostrando. Pero responsabilidad no significa aceptar un modelo injusto,innecesario, ineficaz y desequilibrado.

Liberación Canaria sostiene una posición nítida. Cooperación sí. Dignidad sí. Corresponsabilidad sí ,hasta cierto punto. Pero no a seguir siendo frontera y puerta de entrada sin poder decidir sobre nuestro futuro.

La Unión Europea tiene la oportunidad de corregir el rumbo. Si no lo hace, Canarias deberá exigir a España la negociación de un marco de relación diferente para el Archipiélago que garantice el bienestar, la cohesión social y su derecho a decidir su propio camino.

Cualquier territorio serio actúa así cuando el sistema que lo condiciona le condena a la sumisión, al silencio forzado y al abuso permanente del pueblo canario.