Resulta cuanto menos llamativo que ahora, con la llegada de una nueva empresa de movilidad como VIPO, el sector del taxi de Lanzarote exija explicaciones al Cabildo. Cuando por fin asoma una alternativa real, aparece el miedo y se recurre apresuradamente a la protección institucional.

Sin embargo, conviene recordar que los ciudadanos, usuarios y más de una docena de colectivos sociales de Arrecife y de toda la isla llevamos años denunciando, tanto pública como oficialmente, el grave deterioro del servicio del taxi y el abandono sistemático al que se somete a la población las 24 horas del día.

Los hechos son conocidos y reiterados:

Se solicitan taxis que no aparecen o llegan con retrasos inaceptables.

Se hace señalización en vía pública y los taxis no se detienen.

Más del 90 % de las paradas se encuentran abandonadas o sin servicio.

Existen licencias inactivas sin prestar servicio alguno.

El interés del sector se centra casi exclusivamente en zonas concretas y rentables: cruceros, aeropuerto —mal atendido, por cierto—, hospital, zonas de ocio nocturno y grandes superficies comerciales. El resto de la isla y de la ciudadanía queda desatendido.

Cada vez que el pueblo denuncia esta situación o las administraciones llaman a capítulo al sector, la respuesta es siempre la misma:

Subida de tarifas.

Petición de ayudas públicas pese a tratarse de empresas privadas.

Oposición frontal a nuevas licencias y al acceso de otras empresas de movilidad.

Lo que no es aceptable ni permisible es que aproximadamente 400 taxistas estén perjudicando gravemente a una población de más de 200.000 habitantes, además de a cientos de miles de turistas que visitan Lanzarote cada año.

El pueblo y numerosos colectivos sociales reclaman de forma clara y urgente la apertura del mercado a nuevas empresas y servicios de movilidad, siempre que cumplan la normativa autonómica y municipal vigente, así como una regulación eficaz que garantice un servicio público digno, continuo y accesible.

Por todo ello, manifestamos nuestro total respaldo a la nueva empresa de movilidad VIPO, que inicia su actividad en Arrecife, San Bartolomé y Tías, así como en Costa Teguise, Tahíche, Uga y Playa Blanca. Su llegada responde a una demanda social real, necesaria y largamente ignorada.

Exigimos al Cabildo de Lanzarote, a los Ayuntamientos implicados y al Gobierno de Canarias que agilicen sin dilaciones la entrada de nuevas empresas de movilidad y pongan fin al monopolio del sector del taxi, así como a los privilegios y subvenciones injustificadas a empresas privadas que no cumplen adecuadamente su función social.

Recordamos a los responsables políticos que 400 taxistas nunca tendrán más peso social ni político que los 200.000 habitantes de Lanzarote y sus colectivos ciudadanos.

La movilidad es un derecho, no un privilegio.

Lanzarote necesita soluciones, no bloqueos.