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La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea investigará las prospecciones petrolíferas

laverdaddelanzarote.opennemas.com  |  03 de noviembre de 2014 (20:13 h.)
Comisión Europea
 

 

La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea iniciará una exhaustiva investigación sobre las autorizaciones otorgadas a Repsol por el Gobierno de España para efectuar prospecciones en Canarias. El director general de Medio Ambiente, Kart Falkenberg, mantuvo esta tarde dos reuniones continuadas por un espacio cuatro horas con tres técnicos, seis eurodiputados y representantes de colectivos ciudadanos que expusieron los motivos más destacados para reclamar la paralización urgente de las prospecciones en Canarias. Los dos encuentros tienen orígenes diferentes pero han confluido en el tiempo por decisión de las autoridades europeas al tratarse de la misma temática, ya que en ambos casos se ha reivindicado la intervención de la Comisión Europea para investigar tanto la legalidad de las autorizaciones como las operaciones que la petrolera prevé efectuar frente a las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

 

El primer encuentro tuvo lugar entre el director general de Medio Ambiente con el responsable de la Oficina de Acción Global del Cabildo de Lanzarote (OAG), Ezequiel Navío, quien realizó una exposición enumerando los más destacados motivos que justifican la intervención de Europa para detener las catas de Repsol. En esta reunión estuvieron presentes eurodiputados de tres de los cuatro grandes Grupos políticos de la eurocámara involucrados activamente contra las prospecciones (Socialdemócratas, Demócratas Liberales, Izquierda Unitaria, y Los Verdes), como Pablo Echenique (Podemos), Juan Fernando López Aguilar (Partido Socialista Obrero Español), Marina Albiol y Ángela Vallina (Izquierda Unida) y Ernest Urtasun (Iniciativa per Catalunya Verds), quienes intervinieron para reclamar al director general la intervención de la Comisión Europea en este asunto.

 

El segundo encuentro con el alto cargo de la Comisión Europea ha estado protagonizado por el profesor universitario de Conservación Marina de la Universidad de Alaska, Richard Steiner, y la bióloga marina de la Universidad de La Laguna y experta en cetáceos Natacha Aguilar, quienes documentaron las probabilidades de riesgo de derrames y los impactos sobre la biodiversidad, respectivamente. A este encuentro han asistido Elena Solís y Pedro Hernández, asesores del Cabildo de Fuerteventura y peticionarios de la denuncia ante el Comité de Peticiones, quienes incidieron en las diferencias de criterio que el Estado español aplica para suspender o autorizar prospecciones petrolíferas en aguas de las diferentes comunidades autónomas. El Cabildo de Lanzarote entregó al director general un informe detallado con la totalidad de las argumentaciones y más de 60 documentos técnicos para documentar los criterios contrarios a las catas, documento que Falkernberg se ha comprometido a estudiar de forma urgente. Por parte de Richard Steiner, Natacha Aguilar y Pedro Hernández se aportaron documentos muy elaborados sobre los impactos y los índices de riesgo para su evaluación por parte de la Comisión.

 

El director general de Medio Ambiente ha mostrado su preocupación por este asunto y ha aceptado la petición de la OAG de designar un equipo de trabajo que evalúe de inmediato y de forma prioritaria la documentación aportada. Durante los encuentros con Falkernberg se expusieron las amenazas de las operaciones petrolíferas sobre los intereses más vitales para la población de las islas, como la posible afección al acceso del agua potable, los impactos sobre el turismo y las pesquerías, los daños a una biodiversidad que es reconocida como única en el ámbito de la Unión Europea, y las diferentes normativas comunitarias que España puede haber vulnerado para dar luz verde a la petrolera.

 

 

Cuatro reivindicaciones principales

 

 

La petición trasladada hoy por el Cabildo de Lanzarote, el Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias establece, entre otros puntos, cuatro reivindicaciones principales:

 

1.- Ante la inminencia de las perforaciones y los graves riesgos de las mismas acreditados sobre los intereses generales de las islas, y en base a la aplicación del en este caso imprescindible principio de precaución, se solicita que la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea inste al Reino de España a la suspensión inmediata de las prospecciones petrolíferas autorizadas en Canarias.

 

2.- Se solicita que la Dirección General de Medio Ambiente conforme un equipo técnico que evalúe de forma prioritaria y urgente el grado de cumplimiento de las normativas europeas durante toda la tramitación administrativa realizada por el Gobierno de España desde el 1 de enero de 2012, incluyendo el Real Decreto 547/2012 de 16 de marzo y las posteriores fases cursadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y por el Ministerio de Medio Ambiente español hasta la fecha de hoy, 3 de noviembre de 2014.

 

3. Paralelamente, se solicita a la Dirección General de Medio Ambiente que intervenga ante las autoridades españolas para que se aplique de forma efectiva la normativa ambiental comunitaria, y en especial la Directiva de Hábitats, a fin de reincorporar en el actual LIC en curso del Espacio Marino del Oriente y Sur de Lanzarote y Fuerteventura, la zona de amortiguación propuesta por el Ministerio de Medio Ambiente en 2011 y eliminada sin justificación técnica por el mismo Ministerio en 2012, vulnerando el principio de conservación que esta Administración sí aplica para otras áreas marinas de España, amenazando de forma grave la supervivencia de especies prioritarias perfectamente amparadas por la citada Directiva y, por tanto, vulnerando dicha normativa.

 

4.- Que, en caso de que la evaluación a desarrollar por los servicios técnicos de la Comisión detectara incumplimiento o irregularidades en el proceso administrativo cursado por el Gobierno de España en las autorizaciones petrolíferas otorgadas en Canarias, se solicita la apertura de un expediente sancionador contra este Estado miembro por parte de la Unión Europea, incluyendo la presentación de la correspondiente denuncia ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.