00:00 h. domingo, 19 de julio de 2026

También han sido denunciados el anterior Jefe de la Policía Local y un trabajador municipal

La Fiscalía Provincial investiga al Alcalde, el concejal de Hacienda y el coordinador de Protección Civil de Tías por el presunto desvío de 273.500 euros

 |  23 de mayo de 2026 (20:42 h.)
8 Tomás Silvera
La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha abierto una investigación sobre la actuación del alcalde de Tías, José Juan Cruz; el concejal de Hacienda, Tomás Silvera; el coordinador de Protección Civil (y agente municipal) Raúl Curbelo; el exjefe de la Policía Local, Antonio Jesús Rodríguez, y un trabajador municipal, en relación con unas acusaciones sobre presuntos delitos contra la Administración Pública, y el "desvío" de 273.500 euros.

Según han informado a LA VERDAD DE LANZAROTE fuentes del propio ayuntamiento de Tías, la denuncia fue presentada en primera instancia a principios del pasado mes de diciembre de 2025, en la Fiscalía de Arrecife. El demandante, que hasta ese momento había sido trabajador (colaborador) de BOLUNTIS (Asociación de Bomberos Voluntarios de Tías), puso en conocimiento del ministerio fiscal la supuesta comisión de los delitos de "malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas" por parte de funcionarios del citado consistorio. No sólo eso, sino que apuntaba a la presunta implicación (siempre presunta) del propio Alcalde, José Juan Cruz, y del concejal de Hacienda, Tomás Silvera.

La complejidad del caso hizo que la Fiscalía de Arrecife se inhibiera, y trasladara el mismo a la Fiscalía Provincial de Las Palmas. 

- Reparación de un "coche policial" que en realidad era de rally

Las fuentes informantes aseguran que "la ONG era como una hucha sin fondo... Recibía ayudas económicas de diferentes instituciones y particulares pero no había control del dinero... ". De hecho, el denunciante (que había sido durante años trabajador de BOLUNTIS), aseguró que "el Interventor del ayuntamiento de Tías, durante años había puesto Reparos a esos pagos sin justificar. Pero luego el alcalde levantaba los reparos".

Un ejemplo de lo denunciado (según su testimonio) es el hecho de que un vehículo de rally (tripulado por el hijo de uno de los investigados) fue llevado a reparar a un conocido taller de la Isla, por un montante de 10.700 euros. Pero en la factura aparece registrado como "vehículo policial". Con el añadido de que la matrícula registrada corresponde a "un tractor dado de baja" de la concejalía de Vías y Obras.

El pago de esa factura fue firmado, según el denunciante, por el anterior Jefe de la Policía Local.

- Empresa de grúas "municipales" sin licitación

Siempre según el demandante, el principal acusado se hizo cargo de la empresa de grúas municipal (tras la jubilación de su anterior propietario), y creó la suya propia. Sin embargo, asegura, "conformó la SL pero no lo llevó a pleno, así que siguió llevando el servicio, sin acuerdo plenario, ni decreto, ni licitación".

Recalcando que "según la Ley de Función Pública, ningún funcionario de ninguna administración puede trabajar directamente para la administración. Sería trato de favor".

- Subvenciones y pagos extraordinarios por 273.500 euros

Tal y como ha adelantado el Diario ABC, "La denuncia sostiene que existe una «estructura de intereses cruzados» entre la ONG Boluntis -Asociación de Bomberos Voluntarios de Lanzarote-, la empresa Transportes y Grúas Curbelo S.L. y distintas áreas del ayuntamiento, especialmente Protección Civil y Policía Local. Según el documento, ambas entidades habrían recibido contratos, subvenciones y pagos extraordinarios por más de 273.500 euros entre 2023 y 2026".

También ha publicado que "La denuncia pone el foco también sobre el supuesto uso de instalaciones y vehículos municipales por parte de Boluntis y de la empresa de grúas propiedad de Raúl Curbelo. Según el escrito, ambas entidades habrían utilizado dependencias de Protección Civil ubicadas en el cementerio municipal de Tías, así como lavaderos y otros recursos públicos, sin que conste autorización expresa o un régimen abierto a otros operadores privados. Eso habría otorgado una «ventaja competitiva indebida» a las entidades vinculadas al principal investigado, vulnerando los principios de igualdad y libre competencia recogidos en la Ley de Contratos del Sector Público".

El documento destaca además que el interventor municipal,"emitio reparos contra la contratación al considerar que el servicio se venía prestando de forma continuada y que el fraccionamiento del gasto podía haber servido para eludir un procedimiento de licitación pública ordinario. Pese a ello, el reparo fue posteriormente levantado mediante un decreto de Alcaldía firmado por Cruz Saavedra".

CONTINUARÁ