Los dos grupos ecologistas de Canarias denuncian las ubicaciones elegidas que no contemplan ninguna cautela, como en los casos de Masdache, en Lanzarote, y de Antigua, en Fuerteventura, así como la indefensión y falta de participación a la que se somete al vecindario afectado.
La legislación española se basa en los límites de exposición a campos electromagnéticos propuestos por la autodenominada ‘Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes’ (ICNIRP), organización privada que asesora a la OMS y está cuestionada por ‘negacionismo’ y conflictos de interés por su papel lobista con las empresas tecnológicas. Estos límites ICNIRP contemplan sólo los efectos térmicos agudos y puntuales, no los efectos biológicos y a largo plazo detectados en organismos vivos a niveles muy por debajo de dichas directrices, como muestra la amplia bibliografía científica. Por este motivo dicho criterio ICNIRP está cuestionado por numerosas instituciones y sociedades científicas, así como personas expertas en biolectromagnetismo, firmantes del Llamamiento internacional de científicos sobre los campos electromagnéticos y responsables de más de 2.000 publicaciones relevantes en este ámbito.
En 2011 el Consejo de Europa ya aconsejó a sus países miembros (como el español) minimizar la exposición a radiofrecuencias y aconsejó rebajarlos casi 1.000 veces, para atender también a los efectos atérmicos o biológicos y a largo plazo de las emisiones electromagnéticas.
La revisión completa de la literatura científica sobre los efectos de las antenas de estaciones base en humanos de 2022 concluye que casi el 75% de los estudios constatan efectos en la salud de las personas que viven cerca de las antenas de estaciones base y que van desde la denominada “enfermedad por radiofrecuencias” y sus alteraciones funcionales del sistema nervioso central (cefalea, alteraciones del sueño, malestar, irritabilidad, depresión, pérdida de memoria, mareos, fatiga, náuseas, pérdida de apetito, dificultad de concentración, etc.), cambios en los parámetros bioquímicos (aumento de la hemoglobina glicada -relacionada con mayor prevalencia de diabetes mélitus y aumento de radicales libres, la reducción de antioxidantes -aliados en la protección del cáncer-…), a una mayor tasa de mortalidad por cáncer.
Informan de que estas alteraciones funcionales del sistema nervioso son, cada vez más, una constante en nuestra sociedad, y enfermedades por sensibilidad electromagnética o química siguen siendo infravaloradas, desconocidas y con dificultades para su atención sanitaria y pleno reconocimiento, tal y como se denuncia desde ámbitos científicos y jurídicos.
Ecologistas en Acción Lanzarote, que forma parte de la Federación exige aplicar el principio de precaución, ante la instalación de la antena en Masdache, Denuncian el incumpliendo legal (desde hace más de 11 años) de crear una Comisión sobre radiofrecuencias y salud que garantice criterios éticos básicos de transparencia, independencia, pluralidad y participación ciudadana, así como la suplantación de facto de las funciones de esta comisión ausente, por un comité lobista, el autodenominado ‘Comité Científico Asesor de Radiofrecuencias y Salud’ (CCARS), con conflicto de intereses, pues depende del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación estrechamente ligado a las compañías tecnológicas. Además, los sucesivos gobiernos españoles no han atendido a las numerosas denuncias de organizaciones sociales, como Ecologistas en Acción, ni a los reiterados requerimientos institucionales, como los del anterior Defensor del Pueblo (2017 y 2019), apoyándose en la práctica y de facto en este comité asesor del Colegio de Telecos.
En 2024, Ecologistas en Acción envió un informe al Ministerio de Sanidad donde analiza y concluye que el CCARS del Colegio de Telecos se encuadra claramente en este modelo de acción empresarial identificado por la AEMA, para atrasar/evitar la aplicación del Principio de Precaución ante las alertas tempranas de problemas emergentes. Las conclusiones de los informes del CCARS, cuestionadas por mala praxis científica y ‘negacionismo’ de la abundante literatura científica, han posibilitado sucesivos despliegues, especialmente de la tecnología 5G, sin atender a las garantías legales de salud contempladas en la propia ley de telecomunicaciones. Los dos grupos ecologistas recuerdan las peticiones solicitadas por Ecologistas en Acción al Ministerio de Sanidad en 2024 y 2025 (recusación de uno de sus representantes en la coordinación del Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente por conflicto de interés, iniciar el proceso de creación de la Comisión sobre radiofrecuencias y salud contemplada legalmente, aplicar las recomendaciones precaucionistas sobre radiofrecuencias de instituciones europeas y sociedades científicas, así como atender a las recomendaciones sobre el uso de pantallas en infancia y adolescencia de la Asociación Española de Pediatría) y la nueva queja remitida al actual Defensor del Pueblo en mayo de 2025 por la no constitución de la Comisión de Radiofrecuencias y Salud contemplada legalmente y cuestionando su posicionamiento con el CCARS del Colegio de Telecos.