Concretamente fue el pasado 9 de enero cuando el Fiscal de Área de Arrecife, Fernando Rodríguez Navarro, recibió abundante documentación de la Asesoría Jurídica del ayuntamiento capitalino, advirtiendo de posibles "irregularidades" en la gestión de más de dos mil expedientes sancionadores de tráfico, tramitados a través del sistema informático CGI. Dicha información había sido detectada por la Policía Local, que sospechaba que "a lo largo de los años", un grupo de funcionarios "con acceso al sistema informático", habían estado anulando todo tipo de multas. Con el añadido de que sus expedientes sancionadores aparecían "anulados o cancelados" directamente en el sistema informático, sin que constara "expediente administrativo que cancelara dicha actuación".
Tal y como adelanta Crónicas de Lanzarote, la Fiscalía expuso: "Ante tales hechos, mediante providencia de Alcaldía se acordó solicitar a la empresa responsable del sistema informático la realización de una auditoría técnica del sistema de gestión de multas, con el fin de analizar las actuaciones realizadas por los distintos usuarios del sistema. La auditoría practicada puso de manifiesto la existencia de numerosas actuaciones de anulación de expedientes sancionadores realizadas directamente en el sistema informático, identificándose los usuarios que habían ejecutado dichas actuaciones".
Basándose en informes de la Secretaría General y la Asesoría Jurídica del ayuntamientio, se aprecian 2.279 expedientes sancionadores anulados o cancelados directamente. Tales anulaciones supusieron un importe total de sanciones no ingresadas en las arcas municipales de al menos 575.583,27 euros.
- Prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos
Siempre según la Fiscalía, "Las anulaciones se realizaron mediante actuaciones directas en el sistema informático por distintos usuarios pertenecientes a empleados públicos del Ayuntamiento, sin que en numerosos casos conste soporte documental que justifique dichas actuaciones. En el curso de la investigación administrativa se procedió a identificar a los funcionarios y empleados públicos cuyos usuarios del sistema informático aparecen vinculados a las anulaciones de expedientes sancionadores, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder a otras personas que resulten identificadas durante la instrucción... Sin embargo, según consta en los informes obrantes en el expediente administrativo, las anulaciones detectadas no se realizaron mediante resolución administrativa formal, sino directamente mediante actuaciones en el sistema informático. Asimismo, en algunos de los registros del sistema informático utilizados para justificar la anulación de determinadas sanciones consta como motivo la expresión `orden directa del alcalde´, circunstancia que deberá ser esclarecida en el curso de la instrucción".
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