La investigación, desarrollada por el Grupo de Estupefacientes de Policía Judicial, se inició en septiembre de 2025, antes del comienzo del curso escolar, cuando, gracias a la colaboración de un centro educativo, se detectó la presencia de una autocaravana estacionada en el parking del recinto, que presuntamente estaba siendo utilizada para el almacenamiento de sustancias estupefacientes.
En una primera intervención, los agentes detuvieron a dos personas vinculadas con el vehículo e intervinieron de su interior 20 kilogramos de cocaína, así como más de 115.000 euros en efectivo en el registro domiciliario de uno de los implicados.
Seguidamente, los agentes se centraron en identificar al resto de integrantes de la red, logrando determinar la implicación de un hombre residente en otra isla, quien mantenía contactos con los detenidos en relación con el alijo intervenido, al tiempo que detectaron diversos desplazamientos y encuentros con otro individuo con antecedentes por narcotráfico.
- Una vivienda de Haría
Ante esta información, el 18 de abril, los agentes establecieron un dispositivo tras observar un nuevo desplazamiento de los investigados, consiguiendo localizar una vivienda en el municipio de Haría, donde uno de los implicados recogió un bulto de grandes dimensiones que introdujo en un vehículo.
Posteriormente, los agentes intentaron interceptar el vehículo a la entrada de Costa Teguise pero ante la negativa del conductor a detenerse, se inició una persecución que finalizó en una vía de la localidad, donde finalmente fue interceptado el coche y detenidas las dos personas implicadas en ese momento.
En el interior del equipaje transportado, los agentes localizaron 40 paquetes que contenían cocaína, con un peso bruto total de 21,5 kilogramos y un valor estimado superior a los 750.000 euros en el mercado ilegal.
Finalmente se realizó una entrada y registro en la vivienda vinculada a la investigación, procediéndose a la detención del resto de los integrantes de la organización.
Los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó el ingreso en prisión del principal responsable de la organización criminal desarticulada.