Según explica el denunciante, los hechos se iniciaron "tras el fallecimiento de un señor, sin dejar herencia, por lo que se produjeron una serie de desavenencias entre los familiares por sus bienes... Y una compañera del Colegio de Abogados de Lanzarote, se hizo cargo del asesoramiento de la viuda del fallecido... Pero el tiempo fue pasando, y según me confesó su representada, esa abogada le decía que el caso estaba perdido, y que no iban a sacar nada". Siempre según su testimonio, "cuando apenas quedaba un día para que finalizara el plazo de presentación del recurso, la señora me llamó, y me pidió que me hiciera cargo de su caso. Así que, como ordena el procedimiento, firmó un documento renunciando a la representación de esa abogada, cediéndome la venia a mi... Y yo, dentro del plazo previsto, le remití el documento por email a la citada letrada".
Lo cierto es que con la intervención de última hora del abogado denunciante, "pudimos ganar el caso, respetándose los deseos de la viuda del fallecido", según afirma. Añadiendo que "yo llevé el caso, con renuncia expresa a cobrar honorarios".
- 15 días de suspensión y 1000 euros de multa
Si embargo, seis días después, la letrada acudió al Colegio de Abogados de Lanzarote, denunciando a su sustituto por "falta grave" al no haberle "pasado la venia". E inmediatamente le solicitaron "15 días de suspensión y 1000 euros de multa", dándole 10 días para recurrir.
Según relata el denunciante, "inmediatamente presenté las pruebas, con el correo electrónico que demostraba que le pasé la venia a la abogada por correo electrónico... Incluso ella reconoció que lo había visto". Sin embargo, "el Colegio de Abogados no lo vio así, y dictó UNA RESOLUCIÓN ARBITRARIA Y PREVARICADORA".
Ante tal circunstancia, la propia clienta del abogado (que ganó el caso) puso los hechos en conocimiento del Juzgado de Guardia.
- Consejo Canario de Colegios de Abogados
El denunciante, tras asegurar que ICALAN se ha convertido en "un club privado elitista" donde los socios se "afilian a dos colegios a la vez", se ha dirigido al Consejo Canario de Colegios de Abogados para denunciar que "lejos de velar por la independencia de sus colegiados conforme a los artículos 45 y 58 del Estatuto General de la Abogacía (EGAE), actúa de forma sistemática en contra de los intereses del colegiado a pesar del cobro de las cuotas mensuales".
Por ello pide "la disolución de la corporación y la integración de los colegiados de Lanzarote en el Colegio de la Abogacía de Las Palmas". Alegando "como base sólida el modelo de Fuerteventura, donde la dependencia de una estructura provincial garantiza una mayor imparcialidad y eficacia evitando el corporativismo local que, en este caso, ha permitido que un letrado sea investigado prospectivamente sin que su colegio mueva un solo dedo para protegerle".