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El Parlamento Europeo confirma que España no ha anulado los permisos petrolíferos de Repsol en Canarias e investiga el procedimiento seguido por el Ministerio

laverdaddelanzarote.opennemas.com  |  06 de abril de 2017 (13:15 h.)
El Guincho

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha comunicado por escrito a los representantes del colectivo 'El Guincho-Ecologistas en Acción', su decisión de mantener abierta la investigación sobre el Gobierno de España, a raíz de las autorizaciones para las prospecciones petrolíferas de Repsol en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura.

La Comisión del Parlamento se reunió el pasado 28 de febrero para debatir este asunto ante los intentos del Gobierno de España para que la investigación se cerrara.

No obstante, ante la constatación de que, pese a los anuncios de la empresa petrolera y del Ministerio de Industria, los permisos de perforación siguen sin ser anulados, la Comisión de Peticiones decidió mantener la investigación.

Desde 'El Guincho-Ecologistas en Acción' recordamos que ya en enero de 2014 el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo debatió diversas peticiones presentadas por diferentes ciudadanos en relación con los proyectos de perforaciones en busca de hidrocarburos en Canarias.

Los ciudadanos han aportado desde entonces distintos informes científicos que alertaban de que estas actividades mineras se autorizaron en un área de alta sensibilidad ecológica. Su protección debería estar asegurada a través del Lugar de Interés Comunitario del Oriente y Sur de Fuerteventura y Lanzarote (LIC-ESZZ15002).

La tramitación de la protección de esta área marina fue retrasada por las autoridades españolas. Se incumplieron los plazos de la Comisión Europea y se recortaron los límites recomendados por los expertos, para así dejar fuera las áreas petrolíferas.

En la sesión de enero de 2014 el Comité de Peticiones también observó cómo el Estado español prosiguió adelante con estos planes mineros desoyendo la oposición de todas las instituciones locales canarias, la opinión de la comunidad científica internacional y el rechazo masivo de la población isleña manifestado en sucesivas protestas ciudadanas.

Ante este cúmulo de despropósitos, el Comité de Peticiones acordó abrir una investigación para escuchar a la ciudadanía de las islas y sus instituciones.

El Gobierno de España no nos ha querido dejar copia de la información facilitada al Parlamento con motivo de esta investigación, pero aún así Bruselas no ha atendido a sus reclamaciones de cierre de la investigación.

Durante el tiempo transcurrido desde entonces. el Gobierno de España no sólo no ha anulado formalmente las autorizaciones concedidas a Repsol, como ahora constata el Parlamento Europeo. Sino que ha manifestado públicamente su disponibilidad a seguir autorizando nuevas perforaciones en esa zona, si se manifiesta el interés de empresas petroleras al respecto.