"Estimados/as señor/a
Desde la Asociación de Vecinos de Titerroy, nos dirigimos una vez más al Cabildo Insular de Lanzarote con el debido respeto institucional, pero también con una profunda preocupación por la reiterada negativa a facilitar información pública relativa al contrato del servicio de conservación y mantenimiento ordinario de los márgenes y zonas ajardinadas de las carreteras insulares.
Resulta especialmente grave que, tras más de dos años de solicitudes continuadas amparadas por la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta Corporación siga sin ofrecer una sola respuesta clara, ni documentación alguna que justifique de manera fehaciente la denegación de la información solicitada.
La opacidad institucional mantenida durante más de veinticuatro meses no solo vulnera el derecho ciudadano a la información, sino que mina de manera alarmante la credibilidad del Cabildo ante la ciudadanía. Esta actitud genera una legítima sospecha sobre la existencia de hechos que, por algún motivo, se pretenden ocultar a toda costa.
Nos preguntamos con preocupación: ¿Qué clase de información puede ser tan comprometedora como para justificar este silencio prolongado, incluso negando sistemáticamente la posibilidad de una reunión explicativa o de acceder a pruebas mínimas que acrediten la existencia de posibles causas judiciales en curso?
Cabe destacar que desde esta Asociación llevamos años solicitando formalmente una reunión con el Sr. D. Jacobo Medina González, como responsable directo del área, sin que hasta la fecha se haya obtenido respuesta alguna. Este silencio continuado demuestra un inadmisible desprecio institucional hacia la ciudadanía organizada, que únicamente reclama transparencia y claridad, dentro del marco legal vigente.
Además, queremos alertar una vez más sobre la existencia de un perjuicio económico público de elevada cuantía, derivado de prácticas irregulares en la gestión de este servicio:
- Se han reconocido antigüedades laborales ficticias (desde 2017) a trabajadores cuya incorporación efectiva fue en 2018, lo que podría haber generado pasivos laborales ocultos en forma de salarios e indemnizaciones infladas.
- Se han producido subrogaciones supuestamente irregulares de personal, al margen del procedimiento legalmente establecido, lo que podría suponer un uso indebido de recursos públicos.
Por todo ello, instamos nuevamente:
- A que se facilite de inmediato la información solicitada.
- Que se aporte copia oficial de cualquier procedimiento judicial que justifique la denegación, así como la fecha exacta desde la cual se encuentra el asunto judicializado, conforme a lo que esta Administración ha venido argumentando en sus recientes respuestas.
- A que, una vez garantizado el acceso a la información pública solicitada, se convoque una reunión urgente con los responsables del área, con el fin de aclarar esta reiterada negativa. Advertimos que únicamente acudiremos a dicha reunión si previamente se nos ha otorgado acceso a la documentación, ya que anteriores encuentros no han hecho sino derivar en falsas promesas y evasivas.
- Que la persona responsable del Registro General NOTIFIQUE copia del presente documento a todas las áreas y autoridades mencionadas en su encabezamiento, a fin de que queden debidamente informadas, una vez más, de los hechos expuestos y del grave incumplimiento del principio de transparencia que llevamos años denunciando.
Deseamos recordar expresamente a los grupos de la oposición del Cabildo Insular de Lanzarote y a las áreas responsables directamente implicadas, que conocen sobradamente esta situación desde hace tiempo, que guardar silencio o mirar hacia otro lado también los convierte en corresponsables de esta falta de respuesta institucional.
El artículo 162 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales establece con claridad la obligación de todas las autoridades y órganos administrativos de colaborar en la entrega de información pública y de rendir cuentas con transparencia. Apelamos, por tanto, a su responsabilidad institucional y ética para que actúen conforme a Derecho y en defensa del interés general.
Sin otro particular, y a la espera de una pronta y adecuada respuesta, les saludamos atentamente.
Ismael Montero
Presidente de la Asociación de Vecinos de Titerroy".