Todo en esta vida tiene límites. Cuando un gobierno, movido por un afán de control y una voracidad recaudatoria sin freno, pretende fiscalizar cada movimiento del pueblo soberano, asfixiándolo y dirigiendo de forma casi dictatorial la vida de los ciudadanos, llega un punto inevitable: el pueblo dice basta. Y cuando eso ocurre, comienza la defensa legítima a través de la desobediencia civil.
Las nuevas pretensiones de la Hacienda Pública han cruzado esa línea. Son inadmisibles e inaguantables.
En un contexto de precios de la vivienda en máximos históricos y con una oferta de alquiler cada vez más reducida, miles de jóvenes no tienen otra alternativa que recurrir a la ayuda económica de sus padres para poder acceder a una vivienda. Lejos de comprender esta realidad social, Hacienda ha decidido poner el foco en las donaciones familiares, intensificando el control sobre transferencias, cuentas compartidas y préstamos entre familiares, tratándolos sistemáticamente como posibles fraudes.
Se llega al extremo de exigir una “trazabilidad absoluta” del dinero incluso dentro del ámbito familiar, presuponiendo mala fe y criminalizando a padres que simplemente ayudan a sus hijos. Esta obsesión recaudatoria convierte actos normales, legítimos y socialmente necesarios en supuestas donaciones encubiertas, sujetas a impuestos y sanciones.
Estamos ante una deriva peligrosa: dirigentes que creen tener derecho a decidir qué puede hacer un ciudadano con su patrimonio privado. El dinero es fruto del trabajo y del esfuerzo personal, y nadie debería impedir que un padre regale su dinero a sus hijos, les compre una vivienda o les ayude a iniciar su vida adulta sin que Hacienda actúe como si fuera la propietaria última de todo.
No es aceptable que el Estado se comporte como tutor de adultos libres ni como confiscador permanente de la propiedad privada. Mi dinero es mío, y tengo pleno derecho a disponer de él como considere oportuno, sin pedir permiso ni pagar peaje por ayudar a mi familia.
Esto no es justicia fiscal.
Es abuso de poder.