España, desde la desaparición del régimen franquista e instaurado el sistema democrático, ha venido produciéndose la venta de patrimonio público de cientos de empresas y bienes de dominio público, ya sea mediante el eufemismo de los denominados contratos de externalización de la gestión, o mediante la venta directa de los bienes y recursos públicos. Es decir, se ha producido lo de aquella sabia paremia del “Pan de hoy, hambre de mañana”.
Según datos ofrecidos por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), se han vendido más de cien empresas públicas españolas, que han pasado a manos de empresarios privados; algunos casos, han resultado claramente nefasta la venta, baste citar a título de ejemplo el de la venta de Viajes Marsans – Siendo el Sr. Díaz Ferrán, beneficiado de la adquisición de dicha empresa pública, la cual hundiría posteriormente. De hecho, actualmente se encuentra cumpliendo condena en prisión. Lo más alarmante y preocupante, resulta el caso de los denominados bienes esenciales (Sanidad pública, agua, electricidad, comunicaciones, educación, etc.).
De conformidad al artículo 132 de la Constitución Española, a continuación transcrito:
1. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación.
2. Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.
3. Por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su administración, defensa y conservación.
Asimismo, la Ley 33/2003, de 03 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (BOE 264, de 04 de noviembre de 2003); destacando los artículos 6 y 30 de dicho texto legal.
Real Decreto 1479/1988, de 9 de diciembre, por el que se establecen las normas para garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales en la Administración del Estado (BOE 296, de 10 de diciembre de 1988).
Respecto al tema de los aeropuertos, baste recordar la huelga de controladores aéreos, colectivo que llevó a cabo una protesta en el año 2010, y por lo que el Gobierno del momento declararía el estado de alarma, decidiendo intervenir, militarmente, las instalaciones a fin de garantizar el funcionamiento de un servicio considerado de carácter esencial. Siendo procesados 121controladores aéreos en abril de 2014 (véase la noticia en diferentes medios de comunicación expuesta en Internet). Por tanto, vemos que no es baladí la cuestión de poner en manos de empresas privadas la gestión de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) que, por otro lado, se ha construido con los fondos públicos del erario español, y, por cierto, viene rindiendo buenos beneficios a las arcas del Estado ¿Acaso un empresario invertiría su dinero en una actividad que generará perdidas? La respuesta parece obvia.
De acuerdo a un informe facilitado por la (SEPI), se han llevado a cabo la privatización de 120 compañías en las que el Estado tenía participación pública. http://www.sepi.es/
Conclusión. Desde el instante que un Estado, comienza a perder patrimonio público, de la manera que sea, empieza la pérdida de su propia soberanía, pues no debemos olvidar que, con la aceptación de la imposición de las reglas del neoliberalismo, iniciado con la llegada al poder de la primera ministra del Gobierno Británico doña Margaret Hilda Thatcher (1979–1990), y la de su homologo de Estados Unidos de Norte América, Ronald Wilson Reagan (1981–1989); a finales de los 70, del siglo XX, se puso en marcha la ejecución del declive de la propia configuración de los estados nación, tal como estaban constituidos hasta entonces; siendo que, a la fecha actual, se encuentran en un proceso de descomposición o desmantelamiento, hasta convertirles en dependientes de complejos entramados financieros. En fin, la dichosa globalización ha venido a traer pobreza y miseria para el conjunto de los países que acatan los dictados exigidos por organismos que no son elegidos por los pueblos; de tal manera, que asistimos al esperpento de ver como una agencia –privada- de calificación, se arroga el poder de hundir a todo un país, simplemente dictando, en más de las veces deseadas, informes sin rigor sobre la estabilidad económica. Siendo las grandes corporaciones multinacionales del capital y del mundo de las finanzas las que dictan las normas de manera directa o indirecta, utilizando los denominados “lobbies de presión”; cuando no otras injerencias de mayor y más cruel calado (Véase el libro de John Perkins, “La Historia Secreta del Imperio Americano”, Ediciones Urano, SA, Barcelona 2009).
Actualmente, se encuentra en trámite de negociación la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP, por sus siglas en inglés); de aprobarse, sería el fin de la soberanía económica y política de los estados-nación, pues pretende la privatización total. (Para mayor información, sobre la cuestión, búsqueda en Internet).
Para una mejor y más amplia comprensión del tema expuesto, recomiendo el visionado de los siguientes documentales destacados, entre otros, que podrán encontrar vía Internet:
- La Cuadrilla, dirigida por Ken Loach (Reino Unido – 2001)
- Memoria del Saqueo, dirigida por Fernando E. Solanas (Argentina – 2004)
- Catastroika, dirigida por Aris Chatzistefanou, y Katerina Kitidi (Grecia – 2012)
Juan Fco. Ramírez S. (Abogado, analista e investigador político)