La excesiva cuantía de los honorarios –casi un 600% más de lo facturado al Cabildo– no es acorde con los informes jurídicos del Cabildo que establecen que “se debieron ajustar a los honorarios presupuestados a la entidad insular”.
El Juzgado de lo Penal nº1 de Arrecife, ha condenado a R.P.V por un delito de intrusismo en el ámbito de la fisioterapia al quedar probado que, desde el año 2008 “realizaba actos propios de la fisioterapia en un centro de Arrecife sin tener título académico para ello y sin estar inscrito en el correspondiente colegio profesional”.
El ex-Alcalde de Teguise y ex-Parlamentario regional, Juan Pedro Hernández, ha aceptado la pena de 9 años de Inhabilitación que pedía la Fiscalía, por la comisión de un Delito Continuado de Prevaricación Continuada en el conocido como Caso Yate. Asimismo, el ex- primer edil de CC deberá pagar una multa de 5.400 euros y las costas del juicio.
En una nueva pieza separada del Caso "Yate", el Ministerio Fiscal ha solicitado en su Escrito de Acusación, 6 años de prisión y 10 de inhabilitación para el letrado Felipe Fernández Camero.Y es que según reseña el Fiscal Ignacio Stampa, el citado abogado habría llegado a cobrar "más de un millón de euros" de las arcas del ayuntamiento de Yaiza, pese a no existir "contratación legal" de sus servicios, y no conocerse cuáles eran esos "servicios".
La Juez Silvia Muñoz ha impuesto una fianza de casi 900.000 euros al empresario Juan Francisco Rosa, por el conocido como Caso Stratus. Asimismo reclama una cuantía de 636.568 euros al arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana.
Fuentes cercanas a los Juzgados de Arrecife, han confirmado a este medio que el llamado Caso IVECO se reactivará "en las próximas semanas", llamando a declarar al todavía Teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arrecife, José Montelongo, así como a 3 técnicos municipales. De la misma forma, se tomará declaración a la formación VECINOS UNIDOS, como Acusación Popular, que deberá aportar la numerosa documentación relativa al caso.
La Acusación Popular en el Caso Stratus, representada por TRANSPARENCIA URBANÍSTICA, pide 21 años de cárcel para el empresario Juan Francisco Rosa (6 más de los que pedía la Fiscalía), ya que añade 3 nuevos delitos continuados de Tráfico de Influencias a la causa: en 2 ocasiones en concurso con delitos de prevaricación, y el otro en concurso con delitos de falsedad documental. También añade en la acusación a Juan César Muñoz Sosa, que era Director General de Urbanismo del Gobierno canario cuando se concedió el primer permiso a la Bodega.
