Un Informe de Tesorería manifiesta su "desacuerdo con la existencia del contrato para la prestación del servicio de asistencia a la recaudación voluntaria y ejecutiva de multas de tráfico". Denunciándose la "generación de multas sin contabilizar".
El pasado 3 de enero, el Fiscal D. Carlos Fernández Seijo remitió un Oficio a la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Arrecife, solicitado que le entregue "copias compulsadas y debidamente foliadas" de los expedientes denunciados por la Asociación "ADEY GALGUEN"; en referencia a la actuación del Ayuntamiento de Arrecife con respecto a la Machacadora "ilegal" frente al Muelle de Los Mármoles.
Un miembro del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Arrecife ha presentado una denuncia en Fiscalía, contra la todavía Alcaldesa, Eva de Anta, por presuntamente firmar y adjudicar “un contrato de prestación de servicios, por importe de 180.000 euros y duración de tres años”, relativo a la gestión de las multas municipales, sin que el procedimiento administrativo para la firma del mismo “se haya gestionado por el departamento de contratación”. Más aún, “sin informes de contratación, tesorería o intervención”, y sin que haya constancia de esa licitación “en la Federación Española de Municipios”, ni “acuerdo municipal de adherirse al servicio centralizado de la FEMP para dicho servicio”
En una nueva pieza separada del Caso "Yate", el Ministerio Fiscal ha solicitado en su Escrito de Acusación, 6 años de prisión y 10 de inhabilitación para el letrado Felipe Fernández Camero.Y es que según reseña el Fiscal Ignacio Stampa, el citado abogado habría llegado a cobrar "más de un millón de euros" de las arcas del ayuntamiento de Yaiza, pese a no existir "contratación legal" de sus servicios, y no conocerse cuáles eran esos "servicios".
Los próximos días 23, 24, 28 y 29 de septiembre, el Juzgado nº 3 de Arrecife sentará en el banquillo al constructor Antonio Caro y al promotor Federico Echevarría; ambos acusados de los presuntos delitos de Desobediencia y contra la Ordenación del Territorio. Con este procedimiento judicial culminaría el eternizado Caso (casi 2 décadas) de las Viviendas de la Bufona. Irónicamente, uno de los chalets pertenece al ex-Fiscal de Arrecife, MIGUEL PALLARÉS.
