La Juez Silvia Muñoz ha impuesto una fianza de casi 900.000 euros al empresario Juan Francisco Rosa, por el conocido como Caso Stratus. Asimismo reclama una cuantía de 636.568 euros al arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana.
El Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Arrecife le ha dado la razón al matrimonio de ancianos de Argana Alta, conformado por Sinforiano y Pilar; y ha rechazado la "excepción procesal" alegada por la empresa JUAN ANTONIO RIVERA S.L. y la DIÓCESIS DE CANARIAS, en el intento de estas últimas de desahuciar a los primeros de la vivienda que llevan habitando desde décadas. Un logro más conseguido gracias a las intensas gestiones llevadas a cabo por Andrés Medina, Portavoz de VECINOS UNIDOS en Arrecife.
En 5 días "flexibles" y con "justificación legal fácil", el Juzgado decidirá sobre el desahucio o no del matrimonio de ancianos, Sinforiano Lemes Rodríguez y Pilar Callero, de la vivienda que llevan habitando desde hace décadas en Argana Alta.
La titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Las Palmas, Mercedes Martín, ha dictado en Providencia fechada el pasado 17 de marzo, que "no ha lugar a la admisión a trámite del recurso de apelación interpuesto por la entidad Centros de Arte, Cultura y Turismo (EPEL) ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en relación a la sentencia de la Cueva de los Verdes".
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Las Palmas, ha condenado al Cabildo de Lanzarote a "cesar en el uso y disfrute de la Cueva de los Verdes, con inmediata restitución de la posesión de dicho bien al Ayuntamiento de Haría". Añadiendo que debe indemnizar al consistorio con "el 100% de los ingresos obtenidos por la venta de entradas en la Cueva de los Verdes desde el 25 de noviembre de 2010".
La titular del Juzgado nº 2 de Arrecife, María Estela Marrero, ha ordenado la apertura del Juicio Oral por el conocido como Caso YATE (Yaiza-Teguise), imponiendo el pago de elevadas fianzas a diez de los 11 imputados en la causa. La cuantía mayor afecta al ex-Alcalde de Yaiza, José Francisto Reyes (más de 8 millones de euros) y a su familia (otros 4 millones), a pagar en un plazo de ¡24 HORAS!
Según denuncia FSC-CCOO, es "poco serio y muy sospechoso", que el grupo de gobierno, después de contratar a dedo a una empresa "afín y muy cercana a la familia del Partido Popular" para el servicio de informática, despidiera sin motivos al ingeniero del departamento.
