Según manifiesta el letrado, el expediente parte de una interpretación incorrecta de la normativa deontológica, ya que sostiene que la cliente habría renunciado a la anterior dirección letrada y que no existía una dirección jurídica efectiva que justificara la exigencia de una venia en los términos planteados.

Medina señala que su actuación se produjo dentro de un contexto de urgencia y amparada en el artículo 12.2 apartado h) del Código Deontológico de la Abogacía Española, relativo a las actuaciones urgentes para evitar perjuicios al cliente cuando no sea posible realizar determinados trámites ordinarios.

El abogado sostiene además que, cuando solicitó un certificado sobre la existencia de causas pendientes o incidencias relacionadas con dicho artículo, recibió una respuesta del Colegio en la que se le indicaba, según afirma, que no constaba ninguna causa pendiente.

Por ello, considera que existe una contradicción entre la apertura del expediente y la información facilitada previamente por responsables del Colegio, citando expresamente a Carlos Viñas y Rosa García, y afirma que dicha contradicción debe ser aclarada.

El letrado anuncia que aportará la documentación acreditativa de sus manifestaciones y defiende que su actuación profesional se ajustó al deber de defensa del cliente, a la normativa deontológica y a la necesidad de actuar ante una situación urgente.

“Lo único que he hecho es defender los intereses de mi cliente dentro de la legalidad. Solicito que se respete mi ejercicio profesional y que se ponga fin a actuaciones que considero injustificadas”, señala Emilio Medina.