ANTONIO LEAL

La formación política VECINOS UNIDOS LANZAROTE ha presentado una Moción en el Ayuntamiento de Arrecife (2015-037715), solicitando la inmediata construcción del Centro Socio-Cultural de Argana Alta, "derribado por el ayuntamiento capitalino durante el mandato de María Isabel Déniz" para edificar el hoy deteriorado Palacio de los Deportes. Asimismo reclama la creación de "una Comisión de Investigación" municipal sobre la "relación económica" entre los anteriores grupos de gobierno y la empresa constructora del Pabellón.

El Organismo Social Kanaryo "Titeroygakat"  se ha vuelto a dirigir al Ayuntamiento capitalino, solicitando que "se abra una estricta investigación de lo ocurrido en el Carnaval de Arrecife 2013", añadiendo que "el Alcalde, los técnicos de la institución municipal y los miembros de seguridad tenían que tener muy en cuenta que las Fiestas de Carnaval de Arrecife son las más grandes de Lanzarote". Y es que, al mover "muchos miles de personas", se tenían que "haber tomado medidas más estrictas e impedir que se realizara el mogollón de carnaval donde se realizó".

La Junta de Jueces Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, ha acordado denunciar la gran cantidad de deficiencias que sufren a diario, en su "LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN" por la carencia escandalosa de "secretarios judiciales, magistrados, fiscales con dedicación exclusiva a este tipo de casos". Al mismo tiempo, los Jueces Decanos de todo el Estado español han remitido un comunicado a los medios, denunciando "no es posible llevar a cabo una investigación serie y rigurosa... careciendo de elementos tan fundamentales como lo son los funcionarios, policías y peritor especializados". Ejemplo de dicha situación es el enorme retraso que llevan los Casos "Unión", "Jable", "Yate" y "Montecarlo" en Lanzarote.

La Confederación Vecinal Independiente de Canarias (Coveinca) ha solicitado a la Dirección General de la Guardia Civil, "una investigación sobre las sesiones y concesiones de locales públicos", por parte de la Consejería de Vivienda del Gobierno Canario. Dicha medida ha sido tomada tras "quince años" de pedir la pertinente documentación a la Dirección General de Vivienda, "sin resultado".