En los últimos días se han registrado varias denuncias en la Unidad de Atención Ciudadana (UAC) del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el “caótico funcionamiento” del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Arrecife. Mayormente por “la inexplicable tardanza” en ejecutar “un gran número” de sentencia firmes, algunas de las cuales con MÁS DE UN AÑO DE ESPERA.

Según fuentes de toda solvencia, el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Arrecife se encuentra envuelto en “el caos más profundo, con expedientes y sentencias firmes sin ejecutar” desde hace más de un año, y “montañas de papeles pendientes de la necesaria firma del Juez” atestando las mesas de los funcionarios y del propio secretario de la Administración de Justicia

La AAVV de Titerroy denuncia que ninguno de los portavoces políticos del Cabildo de Lanzarote ha tenido interés en acudir a los Juzgados "para pedir el expediente oculto por el Cabido sobre el servicio de conservación y mantenimiento de márgenes y zonas ajardinadas de las carreteras".

 El Grupo Nacionalista (CC-PNC) en el Cabildo de Lanzarote exige a la presidenta insular, Mª Dolores Corujo que asuma la posición de sus servicios jurídicos y sea el Cabildo quien remita al Juzgado los informes ocultados, tras ser “imputada” por malversación de fondos para pagar a un tránsfuga. Unos fondos, malversados y cobrados fraudulentamente por Juan Manuel Sosa con la complicidad de la dirigente socialista para mantenerse en el poder, que ascenderían a la cantidad aproximada de 200.000 euros, dietas y comisiones del Cabildo de Lanzarote aparte.  

El Juzgado de Instrucción nº2 acuerda sobreseer provisionalmente y archivar la denuncia por amenazas, coacciones y vulneración de derechos fundamentales del consejero tránsfuga Juan Manuel Sosa contra Pedro San Ginés, y ampliada por falsedad documental contra la totalidad de los integrantes del Grupo Político Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC) en el Cabildo de Lanzarote.

 

El Juzgado de Instrucción nº2 de Arrecife ha abierto las oportunas diligencias penales por la "riada" de aguas residuales vertidas desde la estación de bombeo de Argana, en la noche del pasado 4 de octubre. Los tribunales han tenido en cuenta el expediente iniciado por el SEPRONA, tras la denuncia del ex-concejal de VECINOS UNIDOS, Andrés Medina.

El Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Telde, en su número de Procedimiento 848/2021, ha negado la "autorización para proceder a administrar" a una vecina "la vacuna frente al COVID-19 en contra de la voluntad de su guardador de hecho".

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