Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, apunta a que el empresario Luis Lleó, imputado en los Casos "Unión" y "Costa Roja", podría haber recibido asesoramiento "incompatible" por parte de dos magistrados del Tribunal Constitucional. En el mismo informe, presentado en el Juzgado nº 5 de Arrecife, aparecen reflejados los presuntos "ilícitos penales" de otros cuatro asesores judiciales y fiscales. Todo ello se suma al anterior expediente elaborado por la unidad especial de la Benemérita, que implica al "padre" del Derecho Administrativo en la "corrupcion generalizada" descubierta en el Ayuntamiento de Yaiza.
Uno de los investigados era por aquel entonces, Magistrado del Tribunal Constitucional: Ignacio Sánchez Yllera. En su currículum está también el haber sido Jefe del Gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, entre 2004 y 2005. Y según la UCO, habría asesorado al imputado promotor Luis Lleó (con quién mantiene una "relación de amistad") "en todas las actuaciones" de su grupo de empresas, "no sólo a nivel tributario, sino en algunos casos a nivel judicial".
El segundo letrado es Ángel Aguallo Avilés, que también era en aquella época Magistrado del Constitucional. En la actualidad es Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Y según la UCO, fue uno de "los autores intelectuales" de un Informe sobre la Residencial Costa Roja, "obteniendo una tributación inferior a la que se realiza en el Régimen General de Sociedades" pese a que no cumplía los requisitos para ello.
Siempre según la UCO, ambos Magistrados podrían haber incurrido en "incompatibilidades". Añadiendo en su Informe los correos electrónicos enviados por los mismos, desde sus cuentas del Constitucional, al propio Lleó. Y los presuntos cobros "a través de otras personas" (siempre según la Guardia Civil) por el "asesoramiento".
Más claramente, la Guardia Civil habla de "algún tipo de incompatibilidad" por el asesoramiento de ambos magistrados en "diversos asuntos jurídicos" de Lleó, ya que al ser entonces Magistrados del Tribunal Constitucional, "cualquier otra función, destino o cargo, así como el ejercicio profesional y con la intervención en actividades industriales, mercantiles o profesionales, incluso las consultivas y las de asesoramiento" es incompatible.
- Otros 4 asesores investigados
En el informe de la UCO también se investiga al abogado de Lleó, Manuel Matamoros, y a su asesor fiscal, Jerónimo Campón, por si "pudieran haber cometido ilícitos penales de naturaleza fiscal al realizar operaciones, tanto contables como instrumentales, que pudieran derivar en defraudación de impuestos a la Hacienda Estatal".
La Guardia Civil también cita en su Informe a la abogada María José García Vizcaíno, a nombre de la cual aparecen varias facturas por los servicios de asesoramiento realizados, presuntamente por el entonces Magistrado Yllera. Reseñando la UCO que tanto la letrada como el juez "tienen el mismo domicilio en Madrid".
El cuarto asesor es Ignacio Pérez Royo, inspector de tributos del Ayuntamiento de Sevilla, quién habría realizado el Informe sobre la Fiscalidad de Residencial Costa Roja, conjuntamente con el magistrado Ángel Aguallo. Según la UCO, "no se puede obviar la posible participación en las presuntas irregularidades desde el punto de vista fiscal realizadas por Residencial Costa Roja, a la vista de las recomendaciones expuestas por Ignacio Pérez Royo y Ángel Aguado Avilés".