Muchas de las actuales asociaciones sociales locales han renunciado o, al menos, aplacado considerablemente el carácter contestatario que impulsó su gestación. Trabajan incansablemente contra las desigualdades sociales, pero se aprecia una actitud más sosegada y contenida, tanto en sus actuaciones como en los posicionamientos públicos que exhiben sobre temas ciudadanos relevantes. Es como hubiesen aprendido a activar un freno en sus acciones para evitar potenciales desavenencias con la Administración.                  

A mi modo de ver, uno de los elementos que más dinamizan las asociaciones es su carácter vertebrador de la sociedad. Asimismo, son un instrumento crucial para la adopción e implementación de políticas públicas de abajo hacia arriba (bottom-up). Sin embargo, los lazos de dependencia que las unen a la Administración suponen un lastre para que ejerzan dicho papel.

No obstante, me permitirán que resalte la encomiable labor que realizan estas entidades, imprescindibles en el funcionamiento de la sociedad civil. No cuestiono su valor cívico y transformador de la sociedad, pretendo señalar que han asumido sin cautelas una estructura administrativa que ha cercenado su naturaleza reivindicativa. Están atascadas en burocracia que ha congelado su voz de manera significativa, sufren la instrumentalización y/o represalia política (ciclo de afinidades ideológicas), no han sabido trabajar en red con solvencia desde ideologías abiertas y por un cambio social.

Sinceramente, no creo que esta reflexión genere ningún asombro. Es evidente que las entidades sociales parecen asumir un papel instrumental generado por la dependencia financiera de las administraciones para subsistir. Se podría decir que la Administración es el principal promotor de estas iniciativas de bienestar social.  

La inquietud por la pérdida de una financiación, más o menos estable, reduce la capacidad de cuestionar los mandatos sibilinos de los llamados gestores públicos. Se renuncia a la posibilidad de reformular las cosas porque podrían menguar los ingresos.  

De hecho, algunas asociaciones sociales están reconocidas ante los ojos ciudadanos como los portadores de ciertos servicios de importancia, es decir, han conseguido una legitimación exclusiva como garantes de estos servicios ante la comunidad. Ante esta situación no cabe mucha protesta; se asume el modelo establecido sin más.

 

Agustín E. García Acosta