El deprimente espectáculo de la acción política – y no es una referencia a la nueva moda de ocupar los espacios televisivos de entretenimiento, en lugar de los informativos ­– podría explicarse por la falta de una cultura de pacto entre las fuerzas políticas.

Cuando excepcionalmente se pacta, como ahora en el acuerdo sobre lucha contra el yihadismo, cabe tanto pensar que es posible una renovación de estrategias, como también , por la experiencia acumulada, que el logro acabará envenenado, e incluso descalificado, con la acusación de ser producto de un pasteleo opaco por las circunstancias del momento. Ya ha empezado a recibir ese rechazo por parte de la  formación de Pablo Iglesias y otros radicales. Menos explicable es la postura del PNV, pero si ni siquiera firmó la Constitución tampoco  hay porqué extrañarse.

Bienvenido, en todo caso, este pacto que es un ejemplo a seguir para moderar la hiperconflictividad política, por que tanto Gobierno como oposición practican una estrategia de no entendimiento, que al final arruina a la sociedad civil.

No hay voluntad de pacto nacional y es evidente el desaforado apetito por el poder a cualquier precio, por la visión cortoplacista del calendario electoral que impele a conseguir o conservar el poder.

En la lucha política los temas económicos y sociales son menos aptos  para el compromiso, pero debiera ser otra la actitud para afrontar problemas que condicionan gravemente a los ciudadanos e incluso a la sostenibilidad del sistema.

En esta línea está necesidad de un pacto nacional  para modernizar y despolitizar la Administración de Justicia. La propia Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ)  en su sexto informe bianual de evaluación de los sistemas judiciales europeos,  ha señalado las graves deficiencias tanto estructurales como instrumentales de nuestra Administración de Justicia.

Así se evidencia que España es deficitaria en órganos judiciales. Tiene 10,2 jueces por cada 100.000  habitantes cuando la media europea es de 21.3 y cada fiscal atiende 1900 instancias cuando en Francia son la mitad.

Desde distintos foros se aboga por lo que es un clamor en España: rapidez en los enjuiciamientos, contundencia en los castigos, cumplimiento de las condenas y despolitización judicial.

En una reciente encuesta se señalaba que el 80% de los españoles expresan que la Justicia no está organizada,  ni funciona como cabría esperar de una sociedad avanzada. Y ocho de cada diez españoles piensan que todos los gobiernos, del color que sean, siempre han tenido más interés por controlar la Justicia que dotarla de los medios suficientes. También se insiste en una reforma a fondo para que los asuntos especialmente graves o que causan gran alarma social,  no tarden años en tramitarse y resolverse.

La discordia manifiesta en tantas ocasiones, debiera obviarse para los asuntos que son fundamento del sistema y ya es de urgencia modificar el funcionamiento del Consejo del Poder Judicial, contaminado por criterios políticos más que técnicos.

Un Pacto de Estado sobre la Justicia que la blinde de forma clara y creible frente a las intromisiones o influencias de carácter político y que la dote de todos los recursos necesarios. 

En definitiva,  la Administración de Justicia constituye la garantía última de la defensa de la democracia y las libertades.

(*) Periodista. Historiador. Profesor Universitario