Por legislar contra el interés general de los canarios al vetar en el Tribunal Constitucional la Ley Canaria por el derecho a la Vivienda.
En la tarde de este pasado jueves 23 de abril quedó registrada en la Comisión Europea una queja formal contra el Gobierno de España hecha en forma de pregunta a la Comisión (se adjunta copia). Dicha queja fue presentada por Alternativa Nacionalista Canaria usando los cauces legales que la Unión Europea establece, por intermediación del eurodiputado vasco Josu Juaristi, elegido por la coalición Los Pueblos Deciden de la que ANC formó parte.
ANC toma así partido en defensa de los canarios que menos tienen en nuestra tierra, denunciando al Gobierno de España por el reciente veto a la Ley Canaria por el derecho a la Vivienda en el Tribunal Constitucional. No cabe otra respuesta, cuando son 130.000 las viviendas que se estima que hay vacías en Canarias, cuando en 2014 se contabilizaron 4.298 desahucios (2.042 por ejecución hipotecaria y 2.086 por impago de alquileres), a un ritmo de un desahucio casi cada dos horas, y cuando tenemos las tasas de paro y de pobreza más altas de la UE a la par que le reportamos al Gobierno de España más de 12.000.000.000 euros al año por ingresos en turismo.
Apelamos en nuestra denuncia a la defensa del derecho a la vivienda que postulan el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 8 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Recordamos a la Comisión Europea la obligación que tiene de actuar en determinados casos en defensa de territorios alejados o insulares con situaciones gravosas, como es el caso de Canarias, en base a los artículos 174 y 175 del vigenteTratado de Funcionamiento de la UE, en cuyos textos se puede leer:
"A fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Unión, ésta desarrollará y proseguirá su acción encaminada a reforzar su cohesión económica, social y territorial."
"Si se manifestare la necesidad de acciones específicas al margen de los fondos y sin perjuicio de las medidas decididas en el marco de las demás políticas de la Unión, el Parlamento Europeo y el Consejo podrán adoptar dichas acciones con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones."
Entendemos en ANC que el Gobierno de España vuelve a ir contra el interés general de los canarios con el veto a esta ley canaria. Un veto que limita al Gobierno de Canarias para, por ejemplo, poder desarrollar el reglamento que regula la Prestación Canaria de Inserción (PCI), cuando se establecen unos itinerarios de inserción laboral y social que incluyen trabajos encaminados a solucionar problemas habitacionales. ¿Cómo pueden los trabajadores sociales de Canarias trabajar con los beneficiarios de la PCI en este campo si Canarias carece de competencias para legislar en temas de vivienda?
Esperamos ahora la respuesta de la Comisión Europea, que nos informan puede tardar hasta 6 semanas. Y si no hemos ido más allá en nuestra denuncia ha sido únicamente por cuestiones de espacio y de procedimiento, ajustándonos a lo que establece la CE. Pues entendemos que el Gobierno de España legisla contra el interés general de los canarios en otros muchos asuntos importantes. Con la injusta financiación; con los recortes a las desaladoras de aguas; con los recortes en farmacia; cuando han privatizado los aeropuertos canarios desoyendo la petición del Gobierno de Canarias para que los declarara de interés general; cuando puso mil reparos y amenaza también con vetar en el TC la Ley Canaria de Educación para imponernos la elitista LOMCE; cuando nos impone las prospecciones petrolíferas sin consultas ni garantías; o cuando en 2012 una de las primeras medidas que adoptó fue una moratoria en forma de Real Decreto Ley 1/2012 por el que se suprimían sine díe todas las primas para futuras instalaciones de régimen especial (renovables) al margen de otras trabas legales en favor de las multinacionales eléctricas, condenando a Canarias al absurdo de no poder desarrollar un sector que podría crear muchos puestos de trabajo entre los canarios, teniendo como tenemos las mejores condiciones del mundo para generar energías limpias.
Conscientes de que en el origen de los problemas más graves que padece Canarias está siempre una total falta de soberanía, para decidir sobre lo que interesa a los canarios, en ANC entendemos como imprescindible la lucha por la Soberanía Nacional Canaria y, por la tanto, el derecho a decidir de Canarias como Pueblo libre.