El Grupo Popular  en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha presentado una denuncia este lunes en la Fiscalía por considerar que pudieran existir delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos y  tráfico de influencias en torno a los expedientes del chalet y el almacén agrícola del Presidente del Cabildo de Fuerteventura situado en La Matilla.

 

El PP ha solicitado así mismo que se de traslado de copia, junto con los documentos que se acompañan, al Fiscal Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de la Delegación de Las Palmas.

 

"En varias ocasiones hemos solicitado que se reconstruyera el expediente administrativo dirigiéndose al Colegio Oficial de Arquitectos para solicitar la copia del proyecto técnico; que se consulte el Libro de Decretos del propio Ayuntamiento, donde debe constar la resolución del acto administrativo de concesión de Licencia Municipal de Obras, por resolución del concejal delegado de urbanismo. Nunca lo han hecho o no nos han trasladado copia de dicho expediente".

 

El PP también ha solicitado copia del Libro de Actas de la Junta de Gobierno Municipal, en cuanto a la instancia de solicitud de la Licencia Municipal de Obras que constará en el Registro de Entrada del Ayuntamiento. Así mismo, deberá constar también la liquidación tributaria correspondiente en el Departamento Municipal de Recaudación, y de dirigirse al propio Presidente del Cabildo para que facilite toda esta documentación.

"No han informado como dicta la Ley y nuestro deber es, por tanto, poner en conocimiento de la Fiscalía tales hechos", asegura el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Carlos Figueroa.

El PP entiende que se ha incumplido el artículo 408 del Código Penal, relativo a la omisión del deber de perseguir delitos, al considerar que el Presidente del Cabildo de Fuerteventura teniendo conocimiento, declarado públicamente por el mismo, de la posible comisión de unos hechos previstos y penados como delitos relativos a la infidelidad en la custodia de documentos (arts 413 y ss CP), no procedió en ningún momento a presentar denuncia alguna ante los órganos correspondientes.

Así mismo, el actual Alcalde de Puerto del Rosario y la actual Secretaria del Ayuntamiento, habrían incurrido en el mismo delito contenido en el 408 del Código Penal, al estar acreditando en el certificado emitido en febrero del año 2011, que eran conocedores de esta situación, y no presentaron la correspondiente denuncia.

Además, habría que determinar la autoría de la persona que hizo desaparecer de los archivos municipales del Ayuntamiento de Puerto del Rosario el expediente relativo a la licencia de construcción de la vivienda, así como del expediente sancionador que aparentemente se tramitó como consecuencia de la iniciación de las obras sin la mencionada licencia tal y como se ha publicado.

En cuanto al delito relativo al tráfico de influencias, el PP entiende que el Presidente del Cabildo podría incurrir en este delito en su calidad de funcionario público en excedencia (en el momento en el que se cometieron los hechos) y como Consejero del Cabildo, "influyendo en una serie de autoridades para obtener una licencia para la construcción de su vivienda sin que en apariencia concurriesen las causas legalmente establecidas para la obtención de la misma, así como la posterior licencia para construcción de un “almacén agrícola”, en idénticas condiciones que la anterior".

 

Almacén agrícola

 

El PP visitó la oficina de Política Territorial para ver el expediente administrativo del almacén agrícola del Presidente después de que el Grupo Popular en el Cabildo de Fuerteventura recibiera contestación a la petición de documentación donde el Consejero del área, Manuel Miranda, sólo aportaba una certificación sobre el decreto del Consejero Delegado otorgando la calificación territorial a la construcción del almacén y se negara a aportar copia de todo el expediente administrativo.

 

Los populares entienden que siguiendo el artículo 404 del Código Penal podría existir un delito de prevaricación ya que la licencia otorgada a Cabrera para la construcción de un “almacén agrícola,” tanto por la Comisión Municipal de Gobierno del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, como parte del Consejero Delegado del Cabildo de Fuerteventura en aquel entonces, se hizo sin el preceptivo informe técnico que avale la legalidad de tal actuación.

 

El Presidente pidió al Ayuntamiento de Puerto del Rosario la calificación territorial y licencia de obras para construir este almacén en 1999.  Pocos días después, el Alcalde por aquel entonces dirige escrito al Cabildo donde informan al Consejero del área que "para edificar un almacén agrícola el Plan General recoge que la parcela mínima son 10.000 metros cuadrados y el interesado sólo cuenta con 5.000 metros aproximadamente pero que, aún así, se le podría informar favorablemente a dicha solicitud".

 

Finalmente, la Junta de Gobierno Local concede la licencia municipal de obras para el almacén en 2001 con una serie de requisitos según informe de viabilidad agrícola aportado por el Presidente, hecho por una Ingeniera Agrónomo del propio Cabildo a título particular.

 

En este informe se recoge, literalmente, que el almacén está ligado a una finca con "tres gavias en la parte sur, plantadas con papas y lentejas según la época. En el lado este de la vivienda se está preparando, en estos momentos, un enarenado para el cultivo de melones, sandías y hortalizas. El propietario tiene un tractor".

 

"Es intención del interesado hacer un almacén para guardar el tractor y los aperos de labranza así como los productos de la cosecha. Dicho almacén se construirá bajo tierra, sobresaliendo solamente un metro por encima del nivel de las gavias. Dicho muro se forrará de piedra".

 

"Ni existe el almacén en dichas condiciones, ni existen tales gavias", finaliza el portavoz.