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Jueces por la Democracia denuncian "la absoluta desprotección" de los inmigrantes de la patera

la verdad de lanzarote  |  18 de marzo de 2013 (21:19 h.)
Patrulleras de la Guardia Civil
La Asociación Profesional "Jueces para la Democracia" ha remitido una nota de prensa, en la que ha denunciado que el esfuerzo de la Delegación del Gobierno en Canarias, tras el hundimiento de una patera en la costa de Lanzarote, se ha "centrado en proceder a la expulsión de las víctimas del siniestro DE LA FORMA MÁS RÁPIDA POSIBLE". Peor aún, critican que pese a las dudas iniciales sobre las causas del suceso, "se solicitó LA EXPULSIÓN INMEDIATA DE LOS INMIGRANTES VÍCTIMAS del siniestro sin permitir que los órganos judiciales pudieran tener un conocimiento completo de lo sucedido".

Jueces para la Democracia ha sido muy claro al denunciar "la situación de absoluta desprotección en la que han quedado las víctimas de tan desgraciado suceso". Peor aún,  la Asociación lamenta que la Delegación del Gobierno "se haya centrado en proceder a la expulsión de las víctimas del siniestro de la forma más rápida posible, en lugar de dirigirse a aclarar los hechos y prestar a los supervivientes la asistencia necesaria, pone de manifiesto una absoluta dejación de sus funciones en materia de tutela de los derechos más básicos que asisten a todo individuo, extranjero o no, que en modo alguno se justifican en aras de un mayor control de los flujos migratorios".

 JPD manifiesta en su comunicado que "se solicitó la expulsión inmediata de los inmigrantes víctimas del siniestro sin permitir que los órganos judiciales encargados del control de tales decisiones pudieran tener un conocimiento completo de lo sucedido, pues no tuvieron acceso a la información completa ni a las grabaciones del accidente, que sí conocían las partes que interesaban la expulsión'.

Por todo ello, tienen claro que "la situación de desprotección de los inmigrantes ha sido y sigue siendo máxima resultando imperativo, a la vista del conocimiento que se va teniendo de los hechos, que se arbitren las medidas necesarias para remediar la vulneración producida y que estos puedan ejercitar en España las acciones que les corresponden en Derecho".