09:31 h. viernes, 26 de abril de 2024

La Fiscalía investiga a Cándido Reguera por el pago de 63.000 euros a Tunera Producciones

la verdad de lanzarote  |  17 de marzo de 2013 (21:30 h.)
La Fiscalía investiga al ex-Alcalde de Arrecife, Cándido Reguera (PP), por el supuesto pago de una factura de 63.000 euros a la empresa Tunera Producciones, de la cual no tienen constancia los técnicos responsables del Ayuntamiento capitalino. Al respecto, el político imputado declaró ante la Juez que instruye el caso "Montecarlo", que "a veces NO MIRABA EL IMPORTE ni el concepto", sino que "FIRMABA SIN MÁS". Se da la circunstancia de que la misma empresa llegó a cobrar "otros 30.000 euros" en dos facturas firmadas por el entonces concejal (y también imputado) Lorenzo Lemaur (PP).

La factura en cuestión se emitió en diciembre de 2010, y en la misma aparecía un Proyecto previamente presentado por Tunera Producciones, titulado "Estudio y conclusiones del Proyecto de Apoyo al desarrollo de las acciones y programas de los centros socioculturales de Arrecife", el cual era definido como “un servicio externo para el desarrollo de actividades y proyectos a desarrollar, de forma directa o indirecta, por dicha Concejalía, dirigidos a la política general en materia de Barrios del Ayuntamiento, a la dinamización social y cultural de los mismos y, de forma específica, si bien no principal, de apoyo a la gestión y dinamización de los centros socioculturales del municipio”.

Reguera firmó el pago de la Factura LZ0065/10 con fecha de 17 de diciembre (de 2010), a cuenta de la Concejalía de Cultura del consistorio. Sin embargo, los responsables técnicos de dicho departamento han asegurado ante la autoridad judicial que no tienen conocimiento de "proyectos", "contratos" o "servicios" a dicho nombre.

- Firmar sin mirar

Al igual que en su día declarase el hoy imputadísimo ex-Alcalde de Yaiza, Reguera afirmó que "a veces no miraba el importe ni el concepto", sino que "firmaba sin más".

También aparecen otras dos facturas más, por importe de 15.461 euros cada una, cargadas a la concejalía de Barrios. Las mismas fueron autorizadas por el también imputado ex-concejal Lorenzo Lemaur. La Fiscalía sospecha que esos servicios "jamás llegaron a realizarse".