Sobre las 19 horas de ayer martes, en el Centro Cívico de Arrecife, se reunieron en Asamblea los diferentes colectivos sociales y políticos que conforman la Plataforma Mesa Social de lo Público por el Agua: la C.G.T., Aculanza, el Comité de Empresa de los Centros Turísticos, el secretariado insular de Intersindical Canaria, Partido Los Verdes, Alternativa Ciudadana 25 de mayo, Coveinca, Partido VECINOS UNIDOS, el 15-M, Frente Cívico Somos Mayoría y Asociación Vecinal de la Mesa Negociadora por Viviendas de Rocar.
Abrió el acto el Presidente Insular de Coveinca, José Díaz, dando conocimiento del artículo publicado por LA VERDAD DE LANZAROTE, "El negocio del agua en Canarias". Luego fue el turno de Manuel Plasencia, en representación de la CGT, quien dio lectura al borrador de un documento que, tras ser debatido, será remitido al Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas. El mismo concluye que la principal petición de la ciudadanía es que el control de Inalsa "vuelva al Consorcio del Agua, incluida su plantilla", añadiendo que "ya que los partidarios de la privatización hablan de sobrecostos, se debe incidir en la energía eólica", la cual Endesa quiere tratar como un monopolio.
Quedó bien claro en la Asamblea que "los beneficios obtenidos durante tantos años en Inalsa, no se volvieron a invertir en la empresa pública", poniendo Plasencia el dedo en la llaga al recordar los 18 políticos a los que se les ha decretado (aunque no ejecutado) embargo de sus bienes por su gestión, "son los mismos que hoy en día siguen ejerciendo cargos públicos en el Ayuntamiento de Arrecife, Cabildo y Gobierno Canario". Por lo que "invocamos a la Justicia a través de su imagen simbólica, la Diosa Temis, que no precisa tener los ojos vendados".
Fernando Jiménez, por Aculanza, recordó que "en la U.D. Las Palmas, la deuda la pagaron los socios", a lo que el Presidente Insular de Vecinos Unidos, Mamerto Pérez recalcó que "en Inalsa deben pagarla los políticos". Criticado fue el papel de los llamados Jueces Concursales, que según Plasencia, "cuando entraron a gestionar la deuda, se debían unos 42 millones de euros, y ahora ya vamos por 56 millones". Añadiendo la cita de Víctor Gopar, "si pongo de Alcalde a mi medianero, aquí se hace lo que yo quiero".
Finalmente se acordó pedir una cita al Juzgado para presentar el Documento elaborado por la Plataforma, y así poder explicarle a su titular "la realidad enmascarada tras el intento de privatización de Inalsa". La próxima semana se celebrará una rueda de prensa.