El propio Emilio Medina ha declarado en LA VERDAD DE LANZAROTE que "he parado un desahucio por una usurpación de vivienda que era a través de una familia". Denunciando que los responsables del intento de desalojo "habían hecho un requerimiento sin cumplir los requisitos necesarios para desalojar a esas personas. ¡Muchas de esas personas tenían informes de vulnerabilidad!".
Por todo ello, ha "presentado un queja ante el Consejo General del Poder Judicial. En cuanto hemos entregado los informes de vulnerabilidad, el Colegio de Abogados se ha interesado y han ido a preguntar y manifestarse".
Finalmente, asegura que "ha venido incluso el Decano tras llamarlos a todos a que vinieran al Juzgado de Instrucción nº 4. Han parado el desahucio. Les han dado meses de plazo".
- Queja contra el Juez ante el CGPJ
Según fuentes jurídicas, "el día en cuestión, a instancias de su abogado, acudieron miembros de las 60 familias afectadas al Juzgado de Instrucción nº 4 de Arrecife. Era tanta gente concentrada allí, que el propio Decano de ICALANZ habló con el Juez instructor, y suspendieron el desalojo por un par de meses".
Las mismas fuentes aseguran que "en principio querían echar a las familias sin haberles avisado judicialmente. Para eso debían haber celebrado un juicio previo, y conceder, si procediese un plazo de lanzamiento". Sin embargo, insisten en que "el juez lo hizo al revés, primero el desahucio y después venia el juicio. ¡Nadie puede ser condenado sin ser oído en juicio (principio romano de presunción de inocencia)!".
Por ese motivo, Emilio Medina presentó una queja en el Consejo General del Poder Judicial. Muchos de los afectados están planteándose hacerla extensible por "presunta prevaricación". A dicha queja se adhirieron los letrados de las demás familias amenazadas de desahucio. Interviniendo incluso el Decano del Colegio de Abogados de Lanzarote, Carlos Viñas, quién hizo de mediador entre el Juez de Instrucción nº 4 y los afectados.
En cuanto a los fondos buitre, fuentes conocedoras del problema aseguran que "compran por 10 y venden por 100. Pero el precio de la deuda de los inquilinos no es de 10 (precio de la compra) sino que asciende a 200". Añadiendo que "las viviendas estaban a nombre de un banco que embargaron a los propietarios por falta de pago. Estaban abandonadas y en muy malas condiciones, y los usurpadores las hicieron habitables. Pero en la actualidad, las compró un 'fondo buitre' o 'banco malo' por cuatro perras, para vender con el precio inicial de préstamo del anterior banco. Y luego añadirle los intereses abusivos. Lo que hacen siempre".