Pamparacuatro asegura en el Incidente de Recusación que la abogada de Juan Francisco Rosa (en el caso de la Bodega Stratus), Margarita Alejo Hervás, es "administradora de la sociedad Lexislas Global", creada por el recusado Juez Lis en 2003, en la etapa en que ejerció como abogado antes de regresar a la judicatura. No sólo eso, sino que la citada sociedad "tiene el mismo domicilio social que el despacho de Margarita"; y como Rafael Liz sigue siendo apoderado general "con poderes amplísimos" (según el Certificado del Registro Mercantil), tiene acceso al citado despacho, sospechando Pamparacuatro que dentro de ese "intimo vínculo se puede producir un intercambio de informaciones".

Más aún, el magistrado recusador recuerda que la letrada es la mujer del titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Arrecife, Rafal Lis, y que "casualmente, tras ser turnada la denuncia origen de las presentes diligencias", ella "fue nombrada por Juan Francisco Rosa como su abogada, para defenderle en el caso Stratus".

"Es público y notorio que la esposa del magistrado Liz Estévez es la letrada Alejo Hervás, y ello nos hace sospechar que existe, dentro de ese íntimo vínculo, un intercambio de informaciones/recomendaciones que hace, al menos, poner en duda la imparcialidad del juez para conocer y tramitar la denuncia formulada por Romero Pamparacuatro, puesto que sospechamos que existe al menos un interés directo y/o indirecto del mismo", asegura César Romero Pamparacuatro. Añadiendo que "se puede colegir y no es una especulación, que el juez Liz Estévez tiene acceso, como apoderado general de la mercantil Lexislas Global SL, al domicilio profesional de la señora Alejo Hervás, desde el cual se produce la defensa de Juan Francisco Rosa, el cual ya se ha visto, tiene un interés en las presentes diligencias cuyo resultado, puede tener su eficacia en el mentado caso Stratus".

- Ocho meses sin citar al denunciante

En el escrito se deja bien claro que "el magistrado Lis Estévez viene soslayando extrañamente y desde hace más de ocho meses, citar a mi representado para que se ratifique en el cuerpo de su denuncia", aparte de que no se ha realizado "la indagatoria correspondiente a todas luces necesaria por la importante trascendencia de los hechos denunciados".

Curiosamente aparecen en la causa como "perjudicados", algunos de los imputados en el Caso "Unión": Felipe Fernández Camero, Luis Lleó, Dimas Martín, Plácida Guerra, Juan Francisco Rpsa (como "denunciante"), 4 técnicos de Urbaser... En unas diligencias consideradas como "secretas". "Si han sido declaradas secretas, ¿qué fuente de información ha puesto en conocimiento de esas partes personadas, la existencia de unas diligencias secretas"