Últimamente; los ciudadanos de este País, llamado España, y los de otros países de nuestro entorno europeo, asistimos atónitos y/o cuando no indignados, a lo que acontece en lo relacionado con la cuestión de las sanciones fiscales; concretamente, a lo referido con la Administración Tributaria española. Institución a la que creíamos la más inflexible y equitativa, con todos los ciudadanos; la institución pública, que considerábamos dispensaba el mismo trato a los pequeños que a los grandes contribuyentes a la hora de la aplicación de las sanciones por incumplimientos o fraudes fiscales;  es decir, con total imparcialidad y objetividad conforme a los intereses generales, sin distingo alguno. Sin embargo, parece que esto último, presuntamente, no está siendo exactamente así; al menos, respecto de casos concretos a los que seguidamente, hago referencia. Baste destacar las noticias –curiosas- que han visto la luz pública, hechos que hacen rechinar el cerebro a muchos ciudadanos; no por ser únicos o aislados, sino por mediáticos y llamativos; se han de reseñar los siguientes:

1. Desencuentros acaecidos a causa de los errores detectados en los casos del DNI de la Infanta doña Cristina; curiosamente, doña Beatriz G. Viana Miguel, Directora General de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, cesaría a petición propia, en el mes de junio de 2013 (BOE nº 155, sábado 29 de junio de 2013). Posteriormente, sería nombrada miembro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (BOE nº 187, sábado 02 de agosto de 2014). Asimismo, cabe mencionar el cese de, nada más y nada menos, que de cinco miembros directivos de dicho Organismo público (BOE nº 176, miércoles 24 de julio de 2013), cesados por el nuevo Director General (BOE nº 155, sábado 29 de junio de 2013), don Santiago Menéndez, en sustitución de la anterior.
2. Nuevamente; los ciudadanos, asistiríamos impávidos y atónitos, a otro movimiento tremendamente llamativo, más o menos controlado, pero a fin de cuentas movimiento que, en este caso, conllevaría la dimisión de don Luis Jones, director del departamento de inspección financiera y tributaria de la Agencia Tributaria; supuestamente, por diferencias o discrepancias respecto de la Dirección General de dicha institución pública, y, presuntamente, incardinadas u originadas por el denominado caso de las multas a Cemex, y el tema de las facturas de, nuevamente, la Infanta. (Resolución de 5 de diciembre de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Luis Ramón Jones Rodríguez como Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT (BOE nº 292, viernes 06 de diciembre de 2013). Noticia de gran transcendencia informativa, difundida en diferentes y diversos medios de comunicación nacional e internacional. Sin comentar, el tema de la denominada amnistía fiscal que ha salpicado a este País, tras el tan cacareado caso Bárcenas.
3. Anulación por la Audiencia Nacional de la multa impuesta por el Ministro de Economía (700.000 euros), tras la sanción impuesta por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV),  a don Jaime Botín (hermano del famoso –ya desaparecido- banquero). Siendo anulada por causa de haber superado el máximo de tiempo legal en la tramitación, es decir, más de 18 meses. Lo llamativo del caso en particular, resultaría la contratación de doña Cristina Vidal (ex-directora del departamento jurídico de la CNMV y responsable directa del expediente en cuestión),  por el bufete de abogados que llevó la defensa del Sr. Botín. ¿Incompatibilidades?

Se hace necesario e imprescindible, la imprescriptibilidad de los delitos tributarios, para asegurar que los que acometan esta tipología delictual, puedan quedar impunes, para ello, el sistema político y penal necesita de una remodelación integral, que asegure el funcionamiento de las instituciones de carácter estatal  (Hacienda, Defensa, Justicia, Sanidad, Educación, etc.); de tal manera, que su funcionamiento sea impulsado, únicamente, por criterios de independencia, eficiencia y eficacia; del mismo modo, y, de manera urgente, el sistema de incompatibilidades de los funcionarios y cargos públicos demanda una profunda y sería reforma.

De igual forma; los cargos directivos, de todas las administraciones públicas, deben ser ocupados por personal funcionario de carrera, que a igual manera de los jueces y magistrados, no puedan ser removidos de sus respectivas funciones, salvo por cuestiones de edad o legalmente previstas, con independencia del partido político que gobierne la institución pública de cualesquiera de la que se trate. De lo contrario, la desconfianza de los ciudadanos en el sistema pública continuará estando en entredicho.

Finalmente, y para mayor gloria de España, sí ello cupiere, no obviemos a los 2.694 notables españoles, que tienen el privilegio de formar parte de la excelsa clientela  del Gran Club “HSBC”; o, en honor al descubridor ¿héroe o villano? “Gran Club Hervé Falciani”.

DOCUMENTAL RECOMENDADO: Para una mejor y más cómodo entendimiento del tema aquí expuesto, véase el documental titulado “Mis ahorros, su botín” (48:37), dirigido por Borja Casal Martí, España 2012, de ADICAE y AUDIOVISOL, con el apoyo del Gobierno de España, Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad – Instituto Nacional del Consumo. En él se resume, de manera muy concreta y esclarecedora, la crisis financiera en relación con la corrupción política y empresarial y el perjuicio de los honestos ahorradores. Puede visionarse a través de Internet.

Conclusión: “Sí queremos, de verdad, que presidan nuestras instituciones públicas doña honestidad total, doña  integridad moral, doña equidad fiscal, entonces, habremos de exigir un cambio absoluto de las reglas del juego actual; y, por supuesto, la erradicación de los paraísos fiscales”. ¿Si se ha bloqueado a Cuba, porqué no bloquear a los países con paraísos fiscales?