La Acusación Popular en el Caso Stratus, representada por TRANSPARENCIA URBANÍSTICA, pide 21 años de cárcel para el empresario Juan Francisco Rosa (6 más de los que pedía la Fiscalía), ya que añade 3 nuevos delitos continuados de Tráfico de Influencias a la causa: en 2 ocasiones en concurso con delitos de prevaricación, y el otro en concurso con delitos de falsedad documental. También añade en la acusación a Juan César Muñoz Sosa, que era Director General de Urbanismo del Gobierno canario cuando se concedió el primer permiso a la Bodega.