La comparecencia en la mañana de ayer en el Cabildo, de los representantes de FCC (uno de los principales acreedores de INALSA) con el letrado Ignacio Calatayud, reclamando los certificados de la deuda del Consorcio del Agua, vuelve a abrir la puerta de las responsabilidades penales contra los anteriores gestores de la que fuera empresa pública. Recordemos que VECINOS UNIDOS CANARIOS (VUC) presentó el pasado mes de julio una Denuncia en la Fiscalía, reclamando "el embargo patrimonial" de los bienes de 16 de esos políticos.