El Consejo Político Insular de Coalición Canaria ratifica por unanimidad las candidaturas para seis de los municipios y el Cabildo de Lanzarote: Pedro San Ginés al Cabildo, Rafael Juan González en Arrecife, Oswaldo Betancort en Teguise, Marciano Acuña en Haría, David Rocío en San Bartolomé, Jesús Machín en Tinajo y Ángel Domínguez en Yaiza. En Tías, tras culminar el plazo sin presentarse candidaturas, será la Ejecutiva Insular quien proponga al cabeza de lista.

La Asamblea General de Alternativa Democrátiva (ALDEM) ha ratificado a José Pérez Dorta como candidato a la Alcaldía de Haría, en las próximas elecciones municipales. Asimismo ha sido nombrado un nuevo equipo para la gestión interna de la formación, en cabezado por Echedey Sánchez como Coordinador General.

La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) ha elaborado un Informe de hasta 90 folios (con fotos aéreas, planos y ortofotos), en el que se refleja con claridad que la Bodega "Stratus", propiedad del multiimputado empresario Juan Francisco Rosa, "se contruyó de forma ilegal". Este informe ha sido entregado en el Juzgado nº 5 de Arrecife, que es el que investiga las Licencias aprobadas por el Ayuntamiento de Yaiza para la construcción y apertura del citado inmueble.

La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) ha elaborado un Informe de hasta 90 folios (con fotos aéreas, planos y ortofotos), en el que se refleja con claridad que la Bodega "Stratus", propiedad del multiimputado empresario Juan Francisco Rosa, "se contruyó de forma ilegal". Este informe ha sido entregado en el Juzgado nº 5 de Arrecife, que es el que investiga las Licencias aprobadas por el Ayuntamiento de Yaiza para la construcción y apertura del citado inmueble.

El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia dada en primera instancia por la Audiencia Provincial de Las Palmas, condenando al ex-teniente de alcalde del Ayuntamiento de Tiás, José Alberto Reyes (PSOE) a 2 años y 3 meses de prisión por un delito de Falsedad en Documento Público. Asimismo se le mantiene la pena de 1 año y medio de inhabilitación para ejercer cargo publico, y unos 2.000 euros de multa.