La Asociación de Consumidores y Usuarios de Lanzarote (ACULANZA) y la Mesa Negociadora por la vivienda de Garavilla, Rocar y Ojeda, han presentado un Escrito en el Consorcio del Agua, solicitando acceder al "contrato firmado, principal y anexos entre este Consorcio Insular de Aguas de Lanzarote y la empresa Canal Gestión Lanzarote".

El Tribunal Supremo, en sentencia firme, le ha dado la razón a la multinacional Lidl en su lucha por instalar un Supermercado con la ansiada Linea de Descuento Duro en Lanzarote. De esa forma ha sido definitivamente rechazada la postura de la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno canario, que en 2007 (siguiendo las directrices del oligopolio comercial de la isla), había denegado la licencia a la citada empresa.

La comparecencia en la mañana de ayer en el Cabildo, de los representantes de FCC (uno de los principales acreedores de INALSA) con el letrado Ignacio Calatayud, reclamando los certificados de la deuda del Consorcio del Agua, vuelve a abrir la puerta de las responsabilidades penales contra los anteriores gestores de la que fuera empresa pública. Recordemos que VECINOS UNIDOS CANARIOS (VUC) presentó el pasado mes de julio una Denuncia en la Fiscalía, reclamando "el embargo patrimonial" de los bienes de 16 de esos políticos.

Las Salinas de Janubio, SL, se ha dirigido a la  Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea solicitando la inclusión de la sal marina artesanal obtenida por métodos tradicionales en el régimen del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI), que se encuentra en fase de consulta pública de cara a su revisión.

Alternativa Ciudadana 25 de mayo presentará una moción para instar al Cabildo a que negocie la reapertura de la surcursal de Bankia en Guatiza.

SEBASTIÁN RAMÍREZ SUÁREZ: El Presidente en España de la Asociación por una Tasa a las Transacciones Financieras Especulativas para Ayuda a los Ciudadanos (ATTAC) ofreció, el 23 de octubre, una conferencia en el Club LA PROVINCIA sobre "la salida de la crisis del sistema".

Los políticos que gobiernan la isla de Lanzarote  decidieron salvar su patrimonio personal,  embargado por una deuda  de más de cincuenta millones de euros que ellos solitos habían generado por su nefasta gestión al frente de INALSA, la empresa encargada de la producción y distribución del agua de abasto en la isla.  Para salvar sus propiedades la clase política conejera le adjudicó   este  servicio  al Canal Isabel II por cuarenta años y, a cambio,  la regia empresa   le entregará  cincuenta millones en concepto de canon. Con este dinero público los políticos saldaron sus deudas privadas y salvaron sus propiedades,  importándole un bledo dejar en manos privadas la explotación de un bien estratégico  para la isla.

La Asociación de Consumidores y Usuarios de Lanzarote (ACULANZA), reclama públicamente "la devolución de los 9 millones de euros" que la presunta empresa pública INALSA cobró a los ciudadanos lanzaroteños tras la subida de las tarifas del agua en 2008, anulada recientemente por el Tribunal Supremo. Una cantidad que significaría una retribución de 150 euros por usuario. Asimismo ha denunciado que en los últimos "4 meses se han registrado 2.523 averías" en el servicio del agua; es decir, entre 20 y 21 averías al día.