Según el Ministerio, uno de los dos fallecidos restantes ya recibió su conderación en 2010, mientras que no han recibido el consentimiento de la familia del otro.

El Tribunal Supremo, en sentencia firme, ha dejado bien clara la "ilegalidad" de la vía de Tahiche, 7 años después de que el entonces Consejero de Infraestructuras del Gobierno canario aprobase el polémico "Proyecto de Duplicación de Obras de la Carretera de Tahiche". Esta sentencia es la confirmación definitiva de la que ya dictó en 2010 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

La admisión de VECINOS UNIDOS CANARIOS como representante del Archipiélago Canario en la Organización Internacional "Naciones sin Estado (NSW)", ha sido considerada por todos sus miembros como un "paso decisivo" en el irreversible proceso de Descolonización de las Islas. De hecho, la formación soberanista ya ha comenzado a elaborar un medio de comunicación escrito, que será distribuido a lo largo y ancho de las 30 naciones que forman parte de la organización.

La Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha confirmado la ilegalidad de la subida del precio del agua por parte de la empresa INALSA, ocurrida en 2008 bajo el mandato de Manuela Armas (PSOE) con el apoyo de Fabián Martín (PIL). Esta sentencia confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (en octubre de 2010), ANULANDO "la subida de las tarifas" iniciada en enero de 2009, y aceptando el Recurso Contencioso-Administrativo presetado entonces por ASOLAN. Según una comunicación del PP, "esta sentencia podría obligar a la devolución de UNA MILLONADA a los usuarios de INALSA en estos años atrás".

El Informe elaborado por el Interventor del Ayuntamiento de Tías, ha confirmado las denuncias de la (hoy) ex-Interventora del Consorcio del Agua, Rosalinda Bonilla Reyes, en referencia a "la inviabilidad" del Plan de Saneamiento de la condenada a muerte empresa "pública" INALSA. Ambos informes, "desmentidos" por un tercero "externo" solicitado por el propio Consorcio del Agua, serán presentados ante el Juzgado de lo Mercantil de Las Palmas, que tendrá la última palabra. Lo que sí queda claro (como ya advirtiera en su día la Mesa Social del Agua) es que en caso de que el Plan no fuera "viable", los responsables de la deuda serían "los Administradores de INALSA en los últimos años", y NUNCA las instituciones.

Fuentes de la investigación han confirmado que los restos humanos encontrados en el interior de una mochila, en una vivienda de la zona de La Laguneta (Tinajo), pertenecen a la joven Verónica de 28 años, que en octubre de 2002 se había fugado de un Centro de Menores. Los huesos estaban "quemados" y escondidos en el falso techo de la casa familiar. Hasta el momento han sido detenidos: el padre de la fallecida (de 54 años), que padece una enfermedad terminal; su madrastra (la madre es fallecida); y una hija de esta última (de 24 años). En la casa, la Policía Nacional halló "una veintena de perros".

El Juzgado nº 5 de Arrecife ha confirmado que el ex-Viceconsejero de Justicia del Gobierno Canario, Rodríguez Batllori, llegó a cobrar 16.941,18 euros del Ayuntamiento capitalino, y otros 26.089,40 euros de la llamada empresa pública INALSA, sin que mediara "contrato alguno que justificara dichos pagos", ni se diese información de "cuáles eran las mecesidades que venía a cubrir o por qué la corporación (Arrecife) precisaba de un Letrado". Por todo ello, la Juez doña María Jesús Hernández Elvira ha dado "10 días de plazo" al Ministerio Fiscal, para que solicite "la apertura de un juicio oral", por MALVERSACIÓN, FRAUDE y PREVARICACIÓN.

Donde antes dije digo, ahora digo Diego. Esa ha sido la reacción de la Delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, tras írsele de las manos el "asunto de la patera". Las declaraciones de la Unión de Guardias Civiles en LA VERDAD DE LANZAROTE del pasado sábado; y la información en este mismo medio dada por fuentes cercanas a Salvamento Marítimo, han provocado que los múltiples interrogantes fueran recogidos por el resto de los medios de comunicación a nivel internacional. Así que la propia Delegación del Gobierno ha cambiado su versión en un nuevo comunicado.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ratificado la nulidad de las licencias (hasta 4) que permitieron la construcción del polémico Hotel "Papagayo Arena", confirmando a su vez que el inmueble se "edificó en primera línea de costa invadiendo por completo el vial público de 5 metros de ancho que separa" las dos parcelas en que se asentó el mismo, haciendo "desaparecer" el suelo público. Para el alto Tribunal, se ha "vulnerado de forma flagrante y grotesca la ordenación urbanística aplicable", sumado el hecho de que "tampoco se respetaron los retranqueos". Dicha circunstancia abre la puerta a una posible demmolición del establecimiento hotelero.