Oswaldo Betancort, candidato de Coalición Canaria Lanzarote al Congreso de los Diputados.

La manifestación, que se celebrará el próximo 27 de junio, dará comienzo a las 11:00 desde la Plaza de Cibeles hasta el Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Lo que diferencia esta manifestación es que no ha sido convocada por ninguna asociación, sino por ciudadanos de a pie hartos de una ausencia de leyes que protejan los animales.

WATERPOLO PRIMERA DIVISIÓN- JOSE ANTONIO CABRERA/ASSOPRESS

"No nos fiamos ni del Ayuntamiento de Arrecife ni del Gobierno Canario". Así de contundentes se han mostrado las asociaciones de Vecinos de Valterra y de Titerroy, en relación a la información de que "el Ministerio de Fomento no cumplirá con la rehabilitación de las casas afectadas" en ambos barrios. Después de criticar que la todavía consejera Inés Rojas, y el Alcalde Manolo Fajardo "no han dado la cara con los vecinos", han decidido viajar a Madrid para reunirse con los responsables del Ministerio de Fomento.

El Presidente de la empresa pública Canal de Isabel II (y a la vez Consejero de Presidencia y Portavoz regional del PP madrileño), ha asegurado satisfecho que la adjudicación de INALSA "es un MOTIVO DE ORGULLO para los madrileños". Sin embargo, para la Plataforma contra la Privatización del Canal, la intención de la millonaria operación "es hacer más atractiva SU VENTA (la de Canal de Isabel II) A LOS EMPRESARIOS PRIVADOS". En la misma sintonía se expresan públicamente UGT y CCOO, al asegurar que "se trata de una (operación) del tipo especulativo que TANTO GUSTA AL GOBIERNO DEL PP".

Los ánimos se encendieron esta semana en la Asamblea de Madrid, cuando la diputada socialista Amparo Valcarce, increpó la decisión de la empresa autonómica "Canal de Isabel II", de subir el precio del agua en un 4,25% en la Comunidad madrileña; máxime cuando dicha empresa está participando en el concurso público para hacerse cargo de INALSA. Por ello preguntó la parlamentaria si "el motivo de subir el agua en Madrid" era para "pagar la deuda" de 50 millones de euros (más una inversión de 15 millones), que se pide por la empresa pública lanzaroteña.