El Juzgado de lo Penal nº 3 de Arrecife, en una sentencia con "muchas paralizaciones que no se entienden en modo alguno justificadas", ha condenado a los promotores de la polémica urbanización La Bufona (Arrecife), a 6 meses de prisión "menos un día" por un Delito contra la Ordenación del Territorio. Asimismo ha ordenado "la demolición parcial" de 14 de las viviendas, entre las que se cuenta la del ex-Fiscal de Arrecife y la de la Presidenta Insular del PP.

La Guardia Civil de Costa Teguise ha detenido a 5 individuos, acusados de ser los presuntos autores de un Delito Continuado de Robo con Fuerza en las Cosas, dos Delitos de Robo con Fuerza en las Cosas, y un Delito de Hurto. Los hechos tuvieron lugar entre los días 2 y 21 de diciembre, cuando los encartados perpetraron diversas sustracciones en viviendas y establecimientos de la citada zona turística.

Se han puesto a la venta 2 viviendas terreras anexas en la arrecifeña calle Sotileza, junto a la calle León y Castillo, y a 50 metros del Charco de San Ginés. Según las Normas Urbanísticas Municipales, en la zona se pueden construir HASTA 3 PLANTAS, con una altura de 11,20 metros. 

La Asociación de Vecinos de Titerroy ha denunciado en el Ayuntamiento de Arrecife, el abandono a que se encuentran sometidas las 100 Viviendas de Juan Salazar Ortiz. Y es que los habitantes temen que las mismas se puedan caer debido a que sus sótanos están inundados de agua.

Los próximos días 23, 24, 28 y 29 de septiembre, el Juzgado nº 3 de Arrecife sentará en el banquillo al constructor Antonio Caro y al promotor Federico Echevarría; ambos acusados de los presuntos delitos de Desobediencia y contra la Ordenación del Territorio. Con este procedimiento judicial culminaría el eternizado Caso (casi 2 décadas) de las Viviendas de la Bufona. Irónicamente, uno de los chalets pertenece al ex-Fiscal de Arrecife, MIGUEL PALLARÉS.

Varios vecinos de la calle Amazonas se han dirigido a LA VERDAD DE LANZAROTE para denunciar que se sienten "atrapados", después de que el Ayuntamiento de Arrecife haya decidido cortar la vía "una vez más", impidiendo a sus vehículos salir de los garajes.

TITEROYGAKAT

El Tribunal Supremo ha rechazado "en firme" todos los recursos que había presentado la empresa Juan Antonio Rivero SL, solicitando el desahucio de una de las 6 familias que ocupan las casas que había comprado a la Iglesia. El Alto tribunal deja bien claro que las alegaciones no tienen sentido ya que  "existiendo un contrato de arrendamiento y por tanto título legítimo para usar la vivienda, no procede el desahucio por precario".